Demanda contra Patrimonio Nacional por “entorpecer” la exhumación en el Valle de los Caídos

A pesar de que los restos de Manuel y Antonio Lapeña, hermanos asesinados en 1936 por falangistas, deben ser exhumados del Valle de los Caídos, según la sentencia firme del juzgado número 2 de San Lorenzo de El Escorial, el proceso puede retrasarse un año. Patrimonio Nacional asegura que cumplirá las resoluciones judiciales “escrupulosamente”, pero ha reclamado dos informes técnicos antes de abrir el columbario. “El padre de la demandante [hijo de uno de los dos hermanos sobre los cuales se ha autorizado la exhumación] tiene 92 años. El tiempo que dura el proceso legal requerido por Patrimonio Nacional puede que sea superior al resto de vida que le queda”, denuncia Eduardo Ranz, abogado de la familia que ha demandado al organismo público.

Tras varios años peleando (la primera demanda de la familia arrancó en 2012), en mayo de este año el juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial reconoció “el derecho a la digna sepultura” a la familia Lapeña. Es decir, les permitió exhumar los cuerpos de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, fusilados en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos en 1959. En ese momento Patrimonio alegó que la sentencia no era firme. “Ahora ya lo es”, apunta el abogado de la familia, "no hay opción de recurso".

A pesar de que la resolución judicial es inapelable, Patrimonio ha pedido dos informes, uno al Consejo Médico Forense, órgano consultivo del Ministerio de Justicia, y otro al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en Zaragoza, para estudiar el estado de las galerías. La familia entiende que la única motivación del organismo es retrasar el proceso por lo que han decidido demandar. “La ley de Memoria Histórica entró en vigor en diciembre de 2007, y por tanto entendemos que, aplicando esa fecha como punto de referencia, Patrimonio Nacional ha tenido casi diez años para solicitar dichos informes”, explica es escrito presentado.

El éxito judicial (por la vía civil tras el fracaso de la vía penal) de la familia Lapeña representa el primer caso de exhumación judicial en el Valle de los Caídos que aplica la “perpetua memoria”, un procedimiento juridiccional de finales del siglo XIX y que fue apuntado por el Supremo como una vía alternativa a la penal para investigar los crímenes del franquismo. El año pasado, el Gobierno, con Rajoy al frente, derogó varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que datan de 1881, evitando que puedan surgir nuevas demandas similares. Como el proceso de la familia Lapeña ya había comenzado, este siguió su cauce. “Patrimonio hace lo que ve en casa, y lo que observa es un ministro poniendo medallas a unas vírgenes, en vez de cumplir con la Constitución Española, las leyes y las sentencias firmes”, denuncia el abogado Eduardo Ranz en la demanda.