El (mal) Plan Serra Húnter

Estos días se celebran en las universidades públicas catalanas concursos para la provisión de profesorado agregado (contratados permanentes) en el marco del Plan Serra Húnter, impulsado por la Generalitat. El programa tiene como objetivo “promover la contratación de profesorado de valía contrastada, con méritos homologables a los estándares internacionales”, así como “facilitar a las universidades públicas la renovación generacional de su profesorado, fomentar la internacionalización y mejorar su producción académica”. Pura retórica política para justificar un programa muy criticado por la comunidad educativa, puesto que vulnera el principio de autonomía universitaria, desconfía de las universidades, menosprecia al profesorado en formación y genera inseguridad jurídica.

Cuando el ex consejero Mas-Colell, creador del engendro, explicó por primera vez a las universidades su Plan Serra Húnter, todas ellas advirtieron de la seria amenaza a la autonomía universitaria que suponía su proyecto. Y así ha sido: la injerencia de la Administración catalana en la capacidad de las universidades para contratar a su personal docente e investigador es máxima y no tiene precedentes. El gobierno de la Generalitat determina el número de contrataciones, nombra parte de los miembros de los tribunales, fija el número y las características de las pruebas, marca el calendario y establece los criterios generales de valoración de los candidatos (incluso distribuye un manual de instrucciones para los comités de selección). Todo ello acompañado de farragosos procedimientos, del pago de tasas, de retrasos en las convocatorias y de una caótica burocracia más propia de la administración decimonónica del sello, la póliza y el vuelva usted mañana, que del supermodelo que imaginan que están creando desde la Generalitat.

El secretario de Universidades e Investigación, Arcadi Navarro, mostrando una profunda desconfianza hacia las universidades, afirma que el plan tiene como principal misión evitar la endogamia. Resulta paradójico que desde el feudo de Demòcrates de Catalunya en la Administración catalana se trate de dar lecciones de cómo establecer sistemas objetivos y rigurosos de contratación de personal, cuando son precisamente los centros universitarios los que sí que pasan todo tipo de fiscalizaciones, inspecciones, intervenciones, validaciones, acreditaciones y certificaciones, que no dependen en absoluto de ninguna fidelidad política o personal. Y además de ser una de las administraciones públicas más controladas, no hay que olvidar que los profesores en formación deben obtener las acreditaciones necesarias de agencias oficiales externas (como ANECA o AQU) para poder estabilizarse.

El Plan Serra Húnter rezuma una profunda desconsideración hacia el profesorado universitario en formación. En realidad, las plazas convocadas por el programa Serra Húnter las generan aquellos profesores que ya han obtenido las acreditaciones que garantizan su calidad curricular, han certificado un mínimo de dos años de desvinculación académica respecto de la universidad contratante, pertenecen a grupos de investigación, ejercen correctamente la docencia y después de unos cuantos lustros de formación, cuando ya rondan o superan la cuarentena, intentan estabilizar su situación laboral. La inversión económica realizada por la Administración y el coste personal de preparación son demasiado elevados para que luego el programa Serra Húnter priorice a otros candidatos en aras a una supuesta internacionalización y, después de tachar a nuestros profesores de endogámicos y provincianos, los echen a patadas del sistema universitario catalán.

Navarro también alardea de que la Generalitat implanta su receta mágica de estabilización del profesorado haciendo un ejercicio de contorsionismo jurídico para saltarse y bloquear el régimen estatal de contratación. En realidad, está generando una grave inseguridad jurídica con un modelo paralelo al legislado, formalizado a través de un simple convenio con las universidades e inventándose, para salir del paso, figuras profesorales como la del agregado interino, un oxímoron jurídico. En definitiva, la Generalitat fija la vía prioritaria para consolidar al profesorado universitario a través de una colosal chapuza normativa, impropia de la rigurosidad de la que presume el programa Serra Húnter, exponiéndola a todo tipo de recursos e impugnaciones.

Este sistema irracional creado por la Generalitat, que amenaza con seguir funcionando hasta 2020, ha comportado alargar la precarización de los profesores universitarios, cubrir los déficits de personal incrementando en exceso el número de profesores asociados con contratos indignos y la incapacidad de planificar mínimamente el relevo generacional y la estabilización de los jóvenes (o no tan jóvenes) investigadores.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB.