La Generalitat usó argumentos falsos para ceder un hospital al grupo Hestia

El Departamento de Justicia, liderado por Germà Gordó (Convergència), usó en 2014 argumentos falsos al dar su autorización a la Fundación Sociosanitaria de Barcelona (FSSB) para que cediera a una empresa privada un macrocontrato público de 500 millones de euros y 30 años de duración por la gestión del hospital Hestia Duran i Reynals. La resolución recoge en sus fundamentos jurídicos que FSSB quería “volver a sus fines fundacionales, que eran exclusivamente tutelares”. También apoya su decisión en que la asistencia en el centro “no genera una rentabilidad suficiente para la fundación” lo que, según sigue el texto, “agravaría aún más la situación económico-patrimonial de la entidad”. Ninguno de estos tres argumentos es cierto, admitió ayer el propio grupo Hestia.

La Resolución de Justicia fue clave para que el grupo —al que están vinculados tanto la fundación como la empresa y que había donado 80.000 euros a Convergència en octubre de 2010— lograra su objetivo de transferir el contrato desde la entidad sin ánimo de lucro a la compañía, según avanzó ayer este diario. Con ello, y al quedar más de 21 años de vigencia, SSR Hestia se asegura hasta 2036 una facturación de unos 330 millones de euros públicos —más de 16 al año— y podrá convertir en beneficios los resultados positivos que venía obteniendo en cada ejercicio la fundación. Estos fueron superiores al millón de euros en 2012 y 2013 —año en el que Hestia inició los trámites— y por ley estaba obligada a reinvertirlos en mejoras asistenciales.

La resolución es un documento de 16 páginas que en sus fundamentos jurídicos desgrana los argumentos que justifican la autorización, aunque incurre en varias afirmaciones que no son ciertas. Los fines fundacionales de FSSB, por ejemplo, no eran “exclusivamente tutelares” para pacientes psiquiátricos incapacitados judicialmente, sino que también incluían la prestación de servicios sociosanitarios —que representaban el 93% de su actividad— y la investigación . Un portavoz de Hestia aseguró ayer que la empresa “nunca alegó eso” en su petición. “Si la Resolución dice eso, es evidente que se trata de un error”, añadió.

La Resolución también dibuja un sombrío escenario económico de FSSB que no se corresponde con el que muestran sus cuentas. La entidad contaba en 2013 con unas reservas de casi cuatro millones de euros (que ascendieron a 5,6 en el siguiente ejercicio) y venía obteniendo importantes resultados positivos. Además, la entidad hacía frente sin problemas a deuda financiera que mantenía por las obras acometidas en el hospital —de 14,5 millones en 2013— gracias al contrato por el que los Departamentos de Salud y Bienestar Social le aportaban anualmente más de 16 millones de euros.

El portavoz de Hestia también admite que “nunca se planteó el cambio por problemas económicos”. “Fue una decisión estratégica que quería reconducir la actividad de la fundación”, añade. Un portavoz de Justicia declina comentar el tema y se remite a lo dicho la semana pasada a este diario: que el cambio de contrato cumplió todos los trámites formales y que el actual equipo del consejero Carles Mundó (ERC) no entrará a valorar las decisiones tomadas bajo su antecesor en el cargo, Germà Gordó.

Tras la publicación del caso por este diario, PSC, Catalunya Sí Que es Pot y la CUP exigieron ayer la comparecencia en el Parlament del consejero de Salud, Toni Comín, para dar explicaciones sobre la autorización dada por su departamento para la cesión del contrato a la empresa SSR Hestia (antes llamada Clínica Secretario Coloma).

El diputado Albano Dante Fachin afirmó que "Comín tiene una oportunidad magnífica para demostrar que ha habido un cambio y que no está haciendo lo mismo que Boi Ruiz", mientras que la diputada Eulàlia Reguant anunció que la CUP llevará el caso a la Fiscalía. Los independentistas de izquierda también pidieron la dimisión de Gordó como diputado.

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