La Justicia deja a Mas a punto de juicio por el 9-N

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio ayer un paso definitivo para que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las que fueron su vicepresidenta, Joana Ortega, y consejera de Enseñanza, Irene Rigau, vayan a juicio por desobediencia grave y prevaricación administrativa al haber organizado la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. El juez instructor del caso considera que los tres miembros del Gobierno catalán desoyeron el acuerdo del Tribunal Constitucional que ordenó suspender aquella consulta.

El juez instructor del caso, Juan Manuel Abril, da por concluida la investigación, rechaza la petición de archivo que reclamaron las defensas y deja a los tres ex altos cargos de la Generalitat a las puertas del juicio en la causa del 9-N, que se tramita desde hace año y medio. Las acusaciones populares y la fiscalía disponen ahora de diez días para presentar sus escritos de acusación y reclamar la apertura del juicio.

Convergència anunció ayer que Mas, Ortega y Rigau recurrirán el auto judicial para frenar el juicio oral y que el caso sea sobreseído. La portavoz del partido, Marta Pascal, señaló que la causa del 9-N “es una persecución política en toda regla” y la vinculó a las conversaciones desveladas por el diario Público entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, en las que buscan incriminar a dirigentes políticos vinculados con el independentismo antes del 9-N.

El auto considera que las actuaciones de los tres miembros del Gobierno catalán “podrían constituir, indiciariamente, el tipo delictivo de desobediencia”, al ser “necesarios y nucleares” para que se celebrara aquella votación, por no dejar sin efecto los contratos con las empresas que debían facilitar la infraestructura de la consulta. El presunto delito de prevaricación deriva de no haber dictado las resoluciones que impidieran el 9-N, con el fin de “conseguir la realización de su voluntad y anteponer la misma a la suspensión ordenada por el TC”.

El juez considera que entre el 4 de noviembre de 2014, cuando el Constitucional dictó su providencia para suspender el proceso, y el día 9, cuando se celebró la consulta, los tres acusados participaron de forma activa en la organización del evento.

El auto del TSJC explica que Mas conocía la decisión del Tribunal Constitucional, que la trasladó a Ortega y Rigau, y que declaró haber sido “el máximo responsable de la iniciativa política y de haber impulsado el proceso participativo del 9-N”. Sin embargo, el expresidente de la Generalitat defendió ante el juez que una vez conocida la suspensión del Constitucional, el proceso participativo pasó a depender de voluntarios, argumento que es rebatido en el auto.

En el caso de la vicepresidenta Ortega, se vincula su departamento (Gobernación) con la contratación con recursos públicos de empresas privadas encargadas de, entre otras cosas, crear la web oficial desde la que la Generalitat promocionó la jornada, programar e instalar una aplicación informática para realizar el recuento, la adquisición de 7.000 ordenadores y la contratación de una sociedad para que habilitara un centro de prensa. En el caso de Rigau, entonces titular de Enseñanza, el juez asegura que fue la responsable de ceder los espacios educativos para instalar las urnas y los ordenadores, demandando a los directores de cada uno de ellos que abrieran las instalaciones el domingo de la votación.

Hay un cuarto político soberanista investigado por la consulta. Es el diputado electo Francesc Homs y, como aforado, su caso se encuentra en el Tribunal Supremo. En el momento de los preparativos de la consulta ocupaba el cargo de consejero de la Presidencia. El Supremo le investiga también por haber cometido los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.