Cuando el IBI es la última frontera

Ángel es un jubilado de 72 años que vive en la avenida de Entrevías (barrio de Entrevías y distrito de Puente de Vallecas). Se beneficiará de una rebaja del 20%, diez puntos menos que sus vecinos de la calle de Puerto de Balbarán, a solo 50 metros (barrio de San Diego, también en el distrito de Puente de Vallecas). Actualmente, una vivienda tipo de estos barrios paga unos 250 euros al año en concepto de IBI. “Me parece de maravilla. Siempre que se baje... Qué importa que a unos más que a otros. Alguna razón habrá”, argumenta.

La razón que esgrimió el lunes el Gobierno municipal para estas diferencias es que el precio de la vivienda había caído un 10% de media en la capital entre 2012 y 2016, pero no en igual medida en todos los barrios.

Por eso, la medida solo beneficiará (a partir de 2017) a los inquilinos de 22 barrios (Madrid cuenta con 128) de cinco distritos del sur de la capital (Carabanchel, Villaverde, Usera, Villa y Puente de Vallecas), donde el precio de la vivienda descendió por encima del 20% en el periodo estudiado. Ese es el motivo por el que Ángel, que vive en Entrevías (la variación en estos cuatro años allí es de un 21% menos) pagará un 20% menos de IBI, mientras que sus vecinos del barrio de San Diego (donde la variación supera el 34%) se verá favorecido por un descenso del 30% en el impuesto.

“Si hay una calle que le bajan más que otra es porque serán más pobres”, opina Luis, un jubilado de 70 años. Vive en la calle de Mejorana y el descuento que tendrá es del 20%. Carmen, una mujer de 54 años, lleva prisa. Cruza el paso de peatones, a escasos 50 metros de la estación de tren de Entrevías, donde está su casa, un bloque de ladrillo visto que se entremezcla con casas bajas. La decisión le parece electoralista: “Se hace porque están cerca las elecciones. Eso es sectarismo. No entiendo cómo en unos cuantos metros puede cambiar tanto la cosa”, matiza. De la misma opinión es Rafael, otro jubilado que espera a que su nieta salga del colegio concertado Liceo Cónsul. “Imagina que coges un taxi. Le das una dirección y el precio varía dependiendo de si te deja en una acera o en otra”.

El ejemplo de Rafael se observa con claridad en vía Carpetana. Al salir del metro, se abre una extensa avenida. Las casas con numeración impar pertenecen al barrio de San Isidro, en Carabanchel. Según el estudio del Consistorio, en esta zona el precio de las viviendas desde 2012 ha descendido un 24%. La rebaja anunciada por el equipo de Manuela Carmena (Ahora Madrid) para los vecinos es del 20%.

"Una decisión absurda"

Al cruzar la calzada, se encuentran las viviendas con numeración par. Es la misma calle, pero los inmuebles pertenecen al barrio de Los Cármenes (Latina). Aquí el descenso del precio en los últimos cuatro años fue de 16 puntos, por eso no tendrán rebaja alguna en el próximo IBI. “Yo alucino. Ha bajado el precio en los barrios que la han votado [a Carmena]. ¿Cómo sabe ella quién la ha votado?”, se queja Javier. Su madre, una viuda de 78 años, no podrá acogerse a la medida porque su casa está en Latina.

“Es una decisión absurda. Toda la zona es la misma”, masculla una pareja. Frente a ellos, en una terraza, está Francisco José, un hostelero jubilado de 65 años. “No parece lógico, porque a ambos lados de la calle se tiene la misma necesidad. La gente aquí tiene el mismo nivel adquisitivo, pero si al menos se puede beneficiar una parte, bienvenido sea”.

A Íñigo Henríquez de Luna, portavoz del PP, la medida, además de “electoralista” (la Junta Electoral Provincial ha declarado que no se ajusta a la ley electoral), le parece “discriminatoria”. Demanda que el IBI se revise a todos los madrileños porque no tiene sentido que en la misma zona unos se beneficien de la medida y otros no. “Las condiciones urbanísticas y sociológicas son las mismas”, insiste.

Avanzando por vía Carpetana, está la parroquia de la Ascensión del Señor. Se encuentra en zona impar (donde el IBI disminuye el 20%). La medida no le afecta porque en virtud de la Ley de las Haciendas Locales, la Iglesia está exenta de pagar el impuesto, como acordaron el Estado y la Santa Sede en 1979. También lo están los edificios públicos dedicados a seguridad ciudadana (comisarías), servicios educativos (colegios) y penitenciarios (cárceles), o a la defensa nacional (cuarteles), los inmuebles de la Cruz Roja, las sedes diplomáticas de otros países, las estaciones de ferrocarril o los edificios catalogados como patrimonio histórico.