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Josefina Bueno (París, 1996), directora general de Universidades de la Generalitat valenciana, afronta uno de los mayores conflictos que han afectado al Ejecutivo autonómico en su primer año. La decisión de no permitir que los alumnos de carreras sanitarias de las universidades privadas sigan haciendo prácticas en los hospitales públicos, lo que las forzará a reducir su oferta de estudios, ha sido contestada por los campus, el PP y Ciudadanos. Y llega en pleno choque entre la escuela concertada y el Gobierno valenciano por el giro de este hacia la enseñanza pública. Bueno es profesora de Filología Francesa en la Universidad de Alicante, de la que fue vicerrectora.

Pregunta. ¿Por qué restringe la Generalitat las prácticas en hospitales?

Respuesta. Es una petición que viene desde hace mucho tiempo de las universidades públicas y los estudiantes, a través del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. A diferencia de en otras comunidades, en la valenciana las titulaciones de ciencias de la Salud se imparten en las públicas y en las privadas: Medicina, Enfermería, Farmacia y Fisioterapia. Eso produce una masificación y que las prácticas no tengan la calidad que deberían tener. Y se han detectado incompatibilidades que la ley no permite. Como que los médicos, que son personal estaturario público, estaban tutorizando en su horario laboral a alumnos que vienen de una facultad privada, que es una empresa. El Consell toma la decisión de ordenar y regular. La responsabilidad de la oferta universitaria es de la comunidad autónoma.

P. Las universidades privadas argumentan que los padres de sus alumnos también pagan impuestos con los que se financia la sanidad, y que por tanto no se les debería discriminar a la hora de hacer prácticas.

R. Nosotros tenemos un sistema sanitario privado. Si no quiero esperar tres meses a hacerme una resonancia puedo ir a este sistema y pagar. Pero al día siguiente no voy a la Consejería de Sanidad a que me devuelvan ese dinero en base a que pago mis impuestos. La sanidad o la educación privada son totalmente legítimas pero no tiene por qué cubrirlas el sistema público. Las facultades podrán hacer prácticas en centros hospitalarios privados o de concesión, lo que se conoce como modelo Alzira, porque en ellos no hay incompatibilidad del personal. El único fin es garantizar la calidad de las prácticas y de la formación de los estudiantes, de las públicas y de las privadas. Y evitar la masificación que acaba afectando al paciente.

P. ¿Realmente va a limitar la Generalitat las plazas que pueden ofrecer las universidades privadas a las prácticas que puedan encajar en hospitales privados y con concesiones? Esta red es mucho más pequeña que la pública.

R. Sí.

P. Hace unos días la Universidad Católica afirmaba que tienen autorización del Gobierno para ofertar 120 plazas y que van a mantener el número.

R. El 7 de mayo hubo una Conferencia General de Política Universitaria en Madrid a la que fui y donde se aprobó la oferta universitaria para el próximo curso. En uso de mis facultades dejé sin aprobar la oferta de la Comunidad Valenciana. Y eso le he transmitido a la Universidad Católica de Valencia. A partir de la semana que viene vamos a empezar a trabajar con la Consejería de Sanidad y las universidades públicas y privadas para aprobar la oferta. Y se tendrá que adaptar a las plazas de prácticas. La oferta del curso que viene ya se tiene que adecuar.

P. ¿Si la Universidad Católica vuelve a ofertar 120 plazas en Medicina, la Generalitat va a intervenir para decir que no pueden?

R. Tendremos que hacerlo. Los números se están haciendo y cuando estén se dirá cuánto puede ofertar cada universidad. No se trata de hacer prevalecer la autoridad, sino de que prevalezca el sentido común. Y la seguridad de los estudiantes.

P. La Universidad Católica puso en marcha su facultad de Medicina, la década pasada, sin contar con todos los permisos, contando con el apoyo de la Generalitat y confiando en que una vez matriculados los alumnos el Gobierno socialista daría una autorización retroactiva, como así ocurrió. ¿No pasará lo mismo ahora?

R. Ahora les estoy avisando. La oferta de plazas de Ciencias de la Salud está sin aprobar. Vamos a aprobarla en junio, y se hará pública. Y por lo tanto la política de hechos consumados sería hacerse un flaco favor. Estamos obligados a ser responsables. Y a garantizar la calidad de las prácticas.

P. La Católica también ha dicho que si no tiene prácticas suficientes en la sanidad privada utilizará otras formas “imaginativas” con el fin de mantener 120 plazas en Medicina.

R. Los estudiantes necesitan prácticas homologables y vamos a exigirlas. Las prácticas que afectan a Ciencias de la Salud están reguladas. Es como las farmacias. Usted no encuentra en una calle 200 farmacias a pesar de que todos tuvieran la vocación de ser farmacéuticos y tener su local. Hay una regulación y nadie plantea que contraviene la libertad de una persona. Es como el código de circulación, no pueden ir cuatro coches por el mismo carril.

P. La decisión llevará entonces a una reducción de las universidades privadas. La sanidad privada y las concesiones no pueden absorber todas las prácticas que ahora se realizan en la pública.

R. No sé cómo será. Al final quizá los números no son tan diferentes. Pero como comunidad autónoma tenemos la obligación de ofrecer la mejor formación universitaria a nuestros estudiantes. Y mantener la situación de caos era problemático. También hay que pensar que ahora en España hay 7.000 egresados (licenciados) de Medicina cada año para solo 6.000 plazas de residentes. Con lo cual hay cerca de 1.000 alumnos que al acabar o se van al paro o se van al extranjero. Y formar médicos y otros sanitarios cuesta mucho en recursos y esfuerzo personal.

P. El PP y Ciudadanos censuran la política educativa de la Generalitat tanto respecto a la escuela concertada, que se ha movilizado, como de las prácticas en hospitales. ¿Está el Gobierno valenciano atacando a la enseñanza privada y concertada?

R. No. No hay ningún ataque ni ninguna discriminación. Se puede discrepar, pero no calificar de ataque una medida que se adecúa a la legislación. No porque algo se hiciera durante mucho tiempo fuera del marco legal hay que consentirlo. Y todas las acciones de la dirección general incluyen a las universidades privadas. En las ayudas de investigación se han aumentado las partidas, como las que se dan a grupos de investigación, predoctorales y a congresos. Y han sido convocadas a participar en las iniciativas que ponemos en marcha, como la primavera educativa.

P. Pero han retirado las becas para los estudiantes de las universidades privadas. ¿Cómo encaja eso con su discurso?

R. Las becas son una acción destinada a reducir las desigualdades que sufren determinados colectivos desfavorecidos. Los recursos que tenemos en estos momentos son limitados. Y la consejería decidió destinarlos a los colectivos que más difícil lo tienen para acceder a la universidad. En los tres cursos las universidades públicas han perdido más de 10.000 alumnos, un 11% del total. Y las privadas los han aumentado en un 4%. Esto indica que la clientela de las privadas es inmune a la crisis. Y la reducción en las públicas se debe en parte al precio de las tasas universitarias y al endurecimiento de las becas. La matrícula de primer curso de Medicina en la Universidad Católica de Valencia cuesta casi 10.000 euros. En la Cardenal-Herrera CEU, 16.000 euros. Cuando en la pública está entre 1.100 y 1.400 euros. Una beca de 300 euros sobre un tipo u otro de matrícula tiene un efecto diferente. Los presupuestos públicos no se reparten como las herencias, se distribuyen según las necesidades. Es cierto que hay estudiantes que piden un préstamo a la familia para estudiar en las privadas, pero hay personas que no tienen ni esa opción.

P. ¿Las amenazas denunciadas por el presidente de la Generalitat Ximo Puig y al consejero Vicent Marzà, que supuestamente provienen de una persona vinculada a la escuela concertada, son solo una anécdota?

R. No sé si es mejor o peor darle publicidad o importancia. Son momentos muy difíciles para la sociedad y para ejercer cualquier cargo público. La discrepancia argumentativa es enriquecedora, es positiva y permite avanzar. La coacción, la amenaza y la irracionalidad nos convierten en sociedades primitivas.