La prórroga restringirá el gasto social pero permitirá reducir el déficit

El veto de la CUP a los Presupuestos pone en riesgo el incremento del gasto social, previsto en 873 millones de euros, y en especial el plan de choque para hacer frente a la situación de emergencia social que vive Cataluña. La devolución de las cuentas obligará al Gobierno catalán a mantener prorrogado el presupuesto de 2015, cuando el gasto público tocó fondo. Esa circunstancia hará que, en cambio, a Junqueras le sea más sencillo cumplir con el objetivo de déficit fijado para este año, del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB). “Las consecuencias son extremadamente severas para el impulso de la economía y gravísimas en la garantía de los servicios sociales”, advirtió el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. La prórroga no solo deja en el aire el plan de choque, sino también la devolución de parte de la paga extra de 2012 y la ampliación de algunas plantillas de personal docente o de la policía autonómica.

Este no será el primer año que la Generalitat deba desplegar sus políticas bajo una prórroga presupuestaria. Ya lo hizo en 2013, pero entonces la situación era distinta. Ese año el entonces consejero Andreu Mas-Colell disponía de menos recursos que el año anterior y, además, debía seguir reduciendo el déficit. Este año también se han de drenar alrededor de 2.800 millones de euros para cerrar el ejercicio con un desfase del 0,7% del PIB, pero Junqueras contaba con recursos que pretendía dedicar a aumentar el gasto social. En total, el Ejecutivo catalán pensaba elevar el gasto en 1.113,4 millones de euros, 874,3 millones de los cuales corresponden al área social. Es decir, Junqueras deberá usar unos presupuestos austeros, los de 2015, en un escenario que este miércoles definió como “expansivo”.

Esa situación conlleva complicaciones. “Es mucho más difícil destinar dinero a hacer cosas nuevas en el ámbito educativo, de la salud, en la aplicación del plan de choque o de las conclusiones del pleno de la pobreza, que requieren generar nuevas partidas. Eso no es posible. Se pueden realizar transferencias, pero limitadas”, explicó ayer el secretario de Economía, Pere Aragonès, en una entrevista a Rac1. Fuentes del Ejecutivo explicaron que la principal complicación está en que la ley de Presupuestos permitía blindar el gasto social. Ahora, sin ese marco, la acción gubernamental deberá ceñirse a lo que determinen las leyes de estabilidad presupuestaria y las órdenes ministeriales derivadas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en especial la que salió de la Comisión Delegada de Economía el pasado mes de noviembre. Estas fijan cuáles son las prioridades en los pagos de la Generalitat: primero los intereses de la deuda y luego las nóminas.

Estas fuentes explican, además, que la normativa vinculada al FLA obliga a destinar el ahorro en intereses (de 850 millones) a reducir el déficit. Ello dejaría a Junqueras en una situación más holgada para cumplir el objetivo de este año, fijado en el 0,7% del PIB, pero le privaría de esos fondos para ejecutar buena parte del plan social. Ayer Junqueras desgranó algunas políticas que podrían quedar tocadas: la reducción de las listas de espera de los hospitales, la reapertura de ambulatorios y centros de urgencias, el incremento de la partida para la renta mínima de inserción, o la ampliación del fondo para pobreza energética. Tampoco estaría asegurado el retorno de la paga extra de 2012 a los funcionarios, que se ha consignado en el fondo de contingencia de la Administración, o la ampliación de plantillas para personal docente para centros de máxima complejidad. "Les recuerdo que la prórroga da un margen de maniobra en temas de personal igual a cero", zanjó.