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¿Prohibimos ese libro en la biblioteca?

Generalitat y bibliotecarios se plantean crear un protocolo de actuación ante el incremento de las presiones para vetar y censurar productos culturales

La biblioteca Louis Jouvet, en el norte de París, tras un ataque en 2007.
La biblioteca Louis Jouvet, en el norte de París, tras un ataque en 2007.

El joven airado aseguró que si el libro El ala radical del Islam seguía allí en 15 días, lo quemaría. Otro usuario protestó porque se había dejado una sala para que conferenciara Arnaldo Otegi. Un tercero, portavoz de más vecinos, acusó a la dirección de querer islamizar la ciudad porque se habían introducido libros en árabe… También hay concejales que reclaman diarios de Madrid, políticos que exigen más libros sobre cristianismo y otros que demandan la presencia de ejemplares firmados por tal o cual presidente…

Son todos casos que se han dado en bibliotecas públicas de Cataluña y los tres primeros, en las de El Prat del Llobregat, la Jaume Fuster de Barcelona y la de Palafrugell. Sí, hay muchos grados de censura, que siguen bien vigentes en el siglo XXI y mayormente intentando ser llevados a cabo por la propia ciudadanía. ¿Existe un protocolo en Cataluña a aplicar cuando un bibliotecario, en la primera trinchera de fuego, se enfrenta con casos así? “No”, dice tan rotunda como sincera Carme Fenoll, jefa del Servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura de la Generalitat, que querría que el colectivo profesional, junto a otros sectores del libro, “crearan un consejo que pudiera intervenir y marcar pautas”, algo que el Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña (BD) no ve mal, con matices.

El 45% de las presiones de censura en EEUU se dan en blibiotecas de escuelas y por parte de los padres (40%)

Desde la Generalitat pueden hacer poca cosa, mantiene Fenoll, porque “la red bibliotecaria catalana es básicamente municipal, lo que deja decisiones sobre prohibiciones o censuras a merced del criterio e intereses del concejal de Cultura o del alcalde”, por lo que aboga para que la iniciativa venga de los profesionales. “No nos lo habíamos planteado pero se propondrá ya en la próxima junta”, anuncia Daniel Gil, presidente de BD.

Les llegan pocas quejas de este tipo de presiones, “pero nos consta que existen”, dice Gil, que asegura que lo afrontan “a partir de la autorregulación, del buen criterio de los profesionales, que tienen meridianamente claro que han de ser neutrales, no vetar nada, ofreciendo libremente información al ciudadano para que sea este el que decida; el marco es todo lo que quede dentro de la ley”. Y que este modelo funciona lo prueba que “no estamos teniendo grandes problemas hasta ahora”. Y se la juega, dice, afirmando sin haberlo comprobado antes: “Seguro que el Mein Kampf de Hitler no está en la red de bibliotecas”. En efecto: de cuatro ejemplares, por ejemplo, en el catálogo de la red de bibliotecas municipales de la Diputación de Barcelona, tres están “excluidos de préstamo” y un cuarto consta en una “estantería de reserva”.

Desde 2005 se han incendiado en París y sus barrios periféricos 31 bibliotecas

Gil, responsable de la Biblioteca Episcopal de Barcelona, no cree, sin embargo, que sea necesario crear un organismo para regular estas situaciones como sí tiene la American Library Association (ALA) de EEUU, que analiza las quejas sobre obras conflictivas. Es más partidario de canalizarlo a través de la propia comisión deontológica del colegio, que, admite, “aún no se ha reunido este año”, pero que “podría ampliarse con expertos del sector editorial y jurídico; aunque hay que huir de un exceso de regulación que acabase con la autonomía que debe tener cada biblioteca”, alerta.

Los casos no trascienden (“estas situaciones nos dan un poco de miedo y suelen silenciarse”, admite Fenoll), pero están. En el colegio profesional saben que se dan, especialmente, en bibliotecas públicas. Es la misma tipología de centros que en EEUU, donde un 45% de las presiones se dan en este tipo de bibliotecas, seguidas de las universitarias (28%) y las escolares (19%). “Ante estos desafíos, se trata de no dejar solo al bibliotecario que, en muchos casos, no tiene tampoco formación para afrontarlo; se debe convertir la decisión en algo comunitario, pasando el tema por el director del centro y el consejo bibliotecario”, expone la norteamericana Valerie Nyle, especialista en censura en las bibliotecas de su país y participante de la jornada Nihil Obstat del pasado jueves en el Born Centro de Cultura y Memoria, en el marco de La Semana de la Cultura Prohibida que finaliza hoy.

Nyle sabe bien de qué habla porque en EEUU las presiones son infinitas: de media, reciben unas 250 al año. Y vienen por donde menos se espera: el 40%, de los padres, mientras que los propios mecenas de las bibliotecas son el segundo gran foco (27%) y la administración local genera el 10%. Los grupos de presión son el 6%, mismo porcentaje que los nacidos en el seno de las mismas bibliotecas. El gobierno federal solo registra el 4% de los incidentes.

El catálogo de los argumentos recoge todo el abanico ideológico posible de la intransigencia: sexualidad excesivamente explícita, homosexualidad, anti familia, satanismo tácito... Nye expone casos que, junto a Kathy Barco, recoge en el libro True Stories of Censorship Battles in America’s Libraries: hay ahí autocensura de bibliotecarios que eliminan o relegan obras de autores o a suprimir libros incluidos en lotes de donaciones, como el Mein Kampf hitleriano; o el de padre, representante de un grupo político, que pidió que se retirara de una biblioteca escolar de Miami el libro Vamos a Cuba porque daba “una idea demasiado positiva de la isla”: acabo llevando el caso al Tribunal Supremo y ganó.

La casuística a la que se enfrentan los más de 143.000 bibliotecarios de EEUU no tiene fin en un país donde se han llegado a quemar ejemplares de Harry Potter por “contener elementos de satanismo y ocultismo”; o se vetó Los juegos del hambre, de Suzanne Collins, por “violenta y sexualmente explícita, inadecuada para cierto grupo de edad”. Incluso Caperucita Roja tuvo problemas en California por el vino que llevaba la niña en la cesta para su abuelita… Nye ha detectado hasta lo que bautiza como “la censura silenciosa”, cada vez más frecuente: “Los libros polémicos son robados de las bibliotecas o pedidos por quien no los retornará”.

El fenómeno parece invisible. “La censura fluye con el silencio”, hace notar la experta. La bibliotecaria y socióloga francesa Martine Poulain está de acuerdo. “En Francia, la prensa no ayuda demasiado, aunque la culpa es nuestra por no denunciarlo”, dice. Y así se explica un silencio escalofriante: desde 2005, en París y sus alrededores se han atacado 31 bibliotecas cuando hay disturbios en las banlieues. “Muchos de los que participaron son usuarios: es preocupante que ataquen su primer lugar de sociabilidad”, reflexiona.

No sabe de soluciones mágicas, pero tiene claro Poulain que “los bibliotecarios no debemos sustituir a las leyes sino respetarlas: todo aquello que no esté prohibido legalmente deberíamos de poder tenerlo en nuestras bibliotecas; nosotros no podemos decidir lo que es bueno o no para los usuarios; si acaso, son los gobiernos quienes deben prohibir”. Tampoco quiere dar un discurso pesimista, si bien cree que con la fatwa a Los versos satánicos de Salman Rushdie, en 1989, “empezó el gran retorno de la censura por motivos religiosos y políticos”, que culminó hace poco más de un año con el asesinato de los 12 periodistas de Charlie Hebdo, “una situación que había tenido avisos en 2001 y 2005”, entre otros con los ataques por las caricaturas de Mahoma en Dinamarca. “Si no se está vigilante, el camino de la libertad de expresión es hoy, con todo, este”. Habrá que estar preparado.