Los institutos se ahogan porque la Comunidad no paga desde diciembre

El Gobierno regional lleva un enorme retraso en el ingreso de dinero a los centros educativos públicos. Tanto, que muchos institutos están pasando verdaderas penurias para pagar luz, gas, agua y necesidades como un nuevo microscopio, una excursión o libros para la biblioteca. Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que se ha “tramitado los pagos restantes [tras uno al principio de curso del 60%] para que comiencen a ser abonados desde Hacienda”. Comisiones Obreras calcula que se gasta en funcionamiento un 24% menos que en 2009: 305 euros por alumno, frente a los 407 de entonces.

Los centros recibieron dinero en diciembre “pocos días antes de las elecciones”, apuntillan, pero estaba destinado a pagar lo que debían del curso pasado porque esa partida llegaba tarde. En el primer trimestre debían de recibir un nuevo pago pero arranca junio y aún no han cobrado aunque la consejería asegura que lo harán en pocos días.

Isabel Galvín, de la Federación de Enseñanza de CCOO, es muy crítica: “No solo tarda el dinero, es que es mucho menos que antes. Un cuarto menos que en 2009. Y, además, hasta diciembre no saben de cuánto dinero van a disponer y no pueden hacer planes a medio plazo”.

La Comunidad superó en 2015 el objetivo de déficit esperado y para alcanzar la estabilidad financiera fijada por el Estado y prometida por Cristina Cifuentes, tendría que recortar 1.200 millones en 2016. El Gobierno regional se agarra a que prevén un aumento de 1.200 millones en los ingresos procedentes de los impuestos gestionados por el Estado. Y, además, a que confían en un ahorro de 149,8 millones los intereses de la deuda pública.

Comisiones Obreras ha presentado varias denuncias ante Educación por impagos, sin concretar el centro, porque no quieren señalarse. Un gran instituto de la capital, por ejemplo, está devolviendo recibos y más de un centro no paga al señor de mantenimiento los trabajos hechos desde diciembre en los centros para los que trabaja. “Deben dinero a proveedores que les fían casi por caridad y amistad”, se lamenta el diputado socialista Juan José Moreno que llevó la demora a un pleno a principios de mayo.

Las familias del instituto Aranguren de Fuenlabrada han denunciado la precariedad de su centro. Tanta, que han pedido ayuda al Ayuntamiento, que solo tiene competencias en los colegios. Dos de sus tres calderas, según su relato, tienen que ser cambiadas.

Fuentes de Educación explican, sin embargo, que “345 institutos han iniciado mayo con un saldo medio positivo en sus cuentas de 100.000 euros y 80 lo superan. Solamente dos institutos concluyeron abril con un negativo de 2.000 euros”.

Galvín, de CC OO, discrepa: “Sobreviven los centros que históricamente estuvieron bien gestionados en épocas de vacas gordas. En las escuelas de adultos se han planteado cerrar por no tener ni papel para fotocopias”. Un director explica que estos centros de adultos tienen como máximo 50.000 euros de presupuesto. “Recibimos menos que los institutos porque nuestros alumnos tienen menos horas de clase, pero hay que calentar igual. Deberían de cuidar estos centros. Hay barrios donde el 60% de los vecinos no tiene secundaria y se necesita que continúen”.

Habla también el director de un centro con 200.000 euros supuestamente de presupuesto. Solo le restan en la cuenta unos 20.000. “No tenemos números rojos porque es ilegal, pero es un saldo ficticio. No hemos recibido un euro de este año. Cada apunte, cada pago, hay que meterlo en una base de datos. Nos tienen totalmente controlados”. Él no ha logrado ni un anticipo de 10.000 euros. Sin fondos disponibles no ha podido reformar un aula de informática y hace frente a las goteras con cubos de agua.

En cinco años se han cerrado tres escuelas artísticas. Reciben para gastos entre 50.000 y 150.000 euros. Una cantidad que consideran exigua porque trabajan con costosos materiales. "Tenemos máquinas con más de 10 años y desde que empezó la crisis hay que gastarse unos 2.500 euros al año a reponer herramientas que desaparecen", cuentan desde uno.

El 2 de mayo, tras una denuncia pública, Educación pagó los cuatro millones que debía a 86 guarderías privadas desde noviembre.