De la Serna cobró un informe a la empresa pública para la que trabajaba

Pedro Gómez de la Serna, exdiputado del PP e investigado por la Audiencia Nacional, ha reconocido ante la Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid que recibió 12.000 euros por la redacción de un informe de 30 páginas (a 400 euros el folio) en su etapa como asesor jurídico de la Fundación Arpegio, cargo que ejerció de marzo 2007 a julio de 2011. El documento, que era un encargo especial, versaba sobre la nueva ley de contratos del sector público que entró en vigor en mayo de 2008. El trabajo le llevó dos meses y considera que “está en precio, es barato”. La Comisión parlamentaria investiga la gestión de 10 millones de dinero público que se realizó desde la Fundación Arpegio.

En total, cobró por sus servicios como asesor unos 157.000 euros, a razón de 3.030 euros mensuales, cantidad que bajó a los 2.472 a partir de enero de 2012 porque “el trabajo había bajado”. El exasesor aseguró no tener conocimiento “de que haya habido ni un solo pago sin control” en la institución.

El compareciente fue parlamentario del PP en las dos últimas legislaturas, pero a mediados de enero pidió la baja e ingresó en el grupo mixto, debido a la investigación abierta en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. A este respecto ha señalado a los diputados regionales, que ese proceso surge de “una extorsión” y que está montado con documentos y testimonios falsificados. Está seguro de que “saldrá limpio” del proceso. El exembajador Gustavo de Arístegui también está siendo investigado por la misma causa.

¿Cómo y a quién contrataba la Fundación Arpegio?, “yo no lo sé”, ha respondido. Apuntó a los presidentes de Arpegio como los que tomaban las decisiones políticas de que convenios se firmaban o no. Fuero tres: Francisco Granados, exconsejero de Presidencia y ahora en prisión por el caso Púnica (al que “no conoció”); Beatriz Elorriaga y Ana Isabel Mariño. A Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, la conoció “más tarde”. Recordó que él era asesor jurídico, el encargado de redactar informes y contratos. La que recibía “instrucciones del presidente (el consejero de turno) era la directora, Carmen Plata. Luego le llamaba y le comunicaba con quien se debían formalizar los convenios de patrocinio. “Nunca tuve que rechazar ningún proyecto porque pudiera ser ilegal”, ha puntualizado.

Su contratación partió de la directora general de la Fundación, a quien conoció en su etapa como asesor del Ministerio del Interior. También ejerció de jefe de gabinete del ministro del Interior Jaime Mayor Oreja. “Me dijo que iba a pedir tres ofertas”. Si lo hizo o no, él no lo puede saber. Al mismo tiempo, ha mantenido que, aunque era una institución sometida al derecho privado hasta que la legislación cambió en 2008, él recomendó que “siendo el origen de los fondos público era más ortodoxo”, que se actuase como un organismo público, es decir, que los contratos se sujetaran a los controles de las licitaciones públicas.

Aseguró también que en la mayoría de los convenios se establecía un seguimiento de la ejecución de los trabajos. Sin embargo, la primera compareciente en esta sesión de investigación de hoy, Elisa de la Nuez, que prestó sus servicios como abogada en la Fundación en 2008 durante seis meses, ha asegurado que no existían procedimientos de contratación ni de control.

Los diputados le recordaron que si no le habían “chocado” convenios como el de la Fundación Humanismo y Democracia, una ONG vinculada al Partido Popular, por 81.900 euros, cuando Granados ejercía el control. Gómez de la Serna aseguró que son contratos “típicos de patrocinio”, que se redactaron cuando la Fundación no estaba sometida a los controles de los contratos públicos. “Absolutamente legales”. Ha negado que su asesoramiento fuera verbal; solo en 2007 redactó “20 convenios”.

En la comisión se ha preguntado también por un concierto organizado por Waiter Music que recibió 139.000 euros de patrocinio desde la Fundación por una orden de Granados. Gómez de la Serna ha respondido que “era el procedimiento ortodoxo y habitual”, aunque él no estaba de acuerdo. “El contrato de patrocinio es así, bilateral y oneroso y nadie se llevó la pasta porque se trata de un servicio”, ha aclarado. En este caso, la Fundación Arpegio aparecía en todas las entradas del evento.

Él se encontró con la fundación hecha, con unos estatutos iniciales que datan de 2006 y un objeto social muy amplio. Se dedicaba a la promoción cultural, proyectos sociales (discapacitados, infancia, mujer), medio ambiente, e incluso a la defensa de la constitución. Tan vasta era la misión, que preguntó el porqué. La razón, según ha explicado, se debía a que la Fundación dependía de la Consejería de Presidencia, de la que a su vez colgaba el resto de consejerías madrileñas.

En declaraciones a los medios tras finalizar la sesión, Miguel Ongil representante de Podemos, ha indicado que la primera compareciente, De la Nuez, ha ofrecido una visión de un “chiringuito sin control” en el que los pagos se realizaban “al dictado de Granados y de Aguirre”. Encarnación Molla, del PSOE, ha concluido que la Fundación formaba parte de los instrumentos de financiación ilegal que mantenía la Comunidad de Madrid. Se refirió a la empresa Over Marketing Comunicación, que pasa una factura por trabajos de reforma de la Casa de Madrid en Argentina por 142.000 euros. Declaraciones que no han gustado al representante del PP en la Comisión Alfonso Serrano, que ha dicho que cualquiera que tenga esas sospechas debería “ir al juzgado”.

César Zafra de Ciudadanos se ha quejado de que Gómez de la Serna no haya tenido la “valentía” de decir lo que ha pasado. “Se ha escudado en su función de asesor jurídico y la realidad es que en abril de 2007, por ejemplo, se gastaron más de 600.000 euros en contratos tan complicados como el de Waiter Music o en ayudas a economía”.