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Colau allana el pacto con la CUP eliminando los antidisturbios

El Gobierno municipal ya contemplaba esta medida que hará efectiva este mes

Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde de Barcelona.
Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde de Barcelona.

El Consistorio barcelonés quiere eliminar la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana. La decisión ya estaba tomada antes de intentar buscar un acuerdo con la CUP para aprobar una ampliación de Presupuestos y, de hecho, figuraba en el programa electoral de Barcelona en Comú, el partido que sostiene el equipo municipal. Aún así, el Gobierno no lo había formalizado y los anticapitalistas lo exigían para dar el sí a las cuentas en el pleno de hoy. Ayer el teniente de alcalde y portavoz Gerardo Pisarello, concretó cómo se hará efectivo.

Durante este mes de mayo el Gobierno local presentará un plan global de la Guardia Urbana donde se contemplará “un cuerpo descentralizado y cercano a la ciudadanía”, algo que siempre ha defendido el actual equipo municipal. La medida se formalizará a través de un plan director que explique todos los aspectos que tiene que tener la policía local. De esta manera, el Ejecutivo se asegura que la propuesta salga adelante porque no necesita pasar por el pleno, solo se presentará ante los grupos, explicó Pisarello. CiU, el PP y los sindicatos policiales están en contra. “La CUP tenía unos planteamientos sobre la Guardia Urbana que nosotros compartimos y parte de las discusiones que se han puesto sobre la mesa es efectivamente cómo avanzar en este sentido”, admitió Pisarello.

La idea es que la Unitat de Suport Policial pierda las funciones de antidisturbios, algo que de facto ya ocurría desde hace tres meses, cuando el comisionado de Seguridad del Ayuntamiento, Amadeo Recasens, anunció que la policía local no haría funciones relacionadas con el orden público.

Por la mañana, el grupo municipal de CiU se quejaba de “un pacto oculto” para desbloquear los presupuestos. Pisarello lo desmintió y explicó que el acuerdo es más amplio y se centra sobre todo en políticas sociales. En concreto, 5,2 millones de euros para combatir “la feminización de la pobreza, la remunicipalización de servicios y el derecho a la vivienda, aumentando las ayudas al alquiler”.

También se puso cifra al “DNI de ciudad” que propuso la CUP en diciembre y que implica reconocer a todos los empadronados en Barcelona al margen de su situación legal: 700.000 euros. Con todo, el equipo municipal no tiene asegurado el sí de los anticapitalistas. El hecho de que Colau haya vuelto a convocar el pleno, después del fracaso de hace dos semanas, hace pensar que las negociaciones han llegado a buen puerto, pero la última decisión siempre está en manos de las bases de la CUP. Durante el día de ayer 13 asambleas locales debatieron el tema y la Mesa Política abordó la cuestión a última hora. Hoy los anticapitalistas hacen pública su decisión a las 11h de la mañana.

En cifras, el preacuerdo con los anticapitalistas no es de los más importantes. Con ERC Colau pactó al menos 15 millones para el metro —que es competencia de la Generalitat—. El concejal Jordi Cortonas ratificó su apoyo a las cuentas pero dijo que estaba estudiando “a nivel técnico” de dónde salen los cinco millones de euros acordados con la CUP. Con el PSC, Colau ya tiene un acuerdo algo más estable que se traducirá en la entrada de los socialistas al Gobierno durante la legislatura y de momento garantiza los presupuestos. CiU, PP y Ciudadanos no apoyarán las cuentas ya sea a través del no o la abstención.