La EMSV encarga un informe jurídico sobre la venta de pisos a fondos de inversión

El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ha aprobado este lunes, con el voto en contra del representante del PP, encargar un informe jurídico sobre la legalidad de la venta en 2012 y 2013 de 2.956 viviendas a fondos de inversión para analizar qué recorrido judicial puede seguir el proceso.

Los concejales de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, han informado a los periodistas de esta decisión adoptada por el consejo de administración de la entidad, convocado de forma extraordinaria tras conocerse el anteproyecto de la Cámara de Cuentas que cuestionaba la operación promovida por el anterior equipo de Gobierno, del PP.

La Cámara de Cuentas cuestiona en un anteproyecto de informe de fiscalización las operaciones de venta de vivienda pública por no haber respetado las instrucciones internas de contratación y no existir tasación previa de los pisos, lo que supone un incumplimiento de varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público.

La venta de vivienda pública con el objetivo de reducir la deuda de la empresa municipal fue una de las decisiones más polémicas de la exalcaldesa Ana Botella, una operación sobre la que ahora la propia EMVS realizará un informe jurídico "que ponga de manifiesto si ha habido irregularidades y cuáles han sido", según la delegada Marta Higueras.

Fidere defiende la legalidad de la compra

El fondo de inversión Fidere ha defendido este lunes la legalidad de la adquisición de 1.860 pisos sociales de la EMVS en octubre de 2013, así como de la gestión de los inmuebles conforme a la legislación vigente.

En un comunicado, Fidere se ha pronunciado así tras conocerse la pasada semana un anteproyecto de informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que cuestiona operaciones de venta realizadas en 2012 y 2013 por la EMVS por no haber respetado las instrucciones de contratación y no existir tasación previa de los pisos.

El informe estudia las operaciones que afectan a 6.844 inmuebles con protección (de los que 2.956 son viviendas), cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros. De estas viviendas, 1.860 corresponden a las 18 promociones de viviendas protegidas en alquiler y arrendamiento con opción a compra que fueron a parar al grupo Fidere por 128,5 millones de euros.

Según los datos del fondo, la compra de los pisos se llevó a cabo en un proceso "competitivo y transparente", de acuerdo a la legislación vigente y a través de un procedimiento público. Además, Fidere recuerda que el Juzgado de instrucción número 38 de Madrid apuntó en enero de 2015 que la transmisión de los inmuebles se efectuó en el marco de la legislación vigente y se desarrolló hasta el final a través de un procedimiento público "sin que haya elemento o indicio alguno ni de que exista perjuicio para los inquilinos ni resolución administrativa ilícita".