Carmena teme el “desalojo masivo” de 1.800 familias por la venta de pisos sociales

El Ayuntamiento de Madrid ha alertado esta mañana de que hay 1.800 familias “en peligro de ser desahuciadas” por el fondo “buitre” de inversión que hace tres años compró 1.860 viviendas públicas alquiladas a personas con escasos recursos. Tal y como adelanta hoy EL PAÍS, la Cámara de Cuentas ha detectado graves irregularidades en esa operación cerrada en 2013 por el gobierno municipal de Ana Botella (Partido Popular) con Blackstone por 128,5 millones. El informe de la Cámara de Cuentas, que es provisional y está sujeto a alegaciones, apunta a información privilegiada, ausencia de concurrencia y publicidad, falta de transparencia y un “quebranto económico” para las arcas municipales (las viviendas se vendieron por 32 millones menos de lo que estaban tasadas, según admitió el propio Ayuntamiento). La venta fue en cualquier caso llevada ante la justicia por el Partido Socialista, que lideraba entonces Jaime Lissavetzky, pero el Juzgado 38 de Instrucción sobreseyó la causa.

La primera teniente de alcalde, concejal de Derechos Sociales y responsable política de la Empresa Municipal de la Vivienda, Marta Higueras (Ahora Madrid), ha evitado esta mañana “entrar en el contenido del informe hasta que sea definitivo” (el actual gobierno, como el anterior, también ha presentado alegaciones). Sin embargo, sí ha advertido del “peligro de desahucios” que corren las 1.800 familias inquilinas de esas viviendas. El acuerdo de venta obligaba al fondo de inversión a mantener las condiciones del alquiler, pero sólo hasta que vencieran los contratos (de 10 años de duración). Ahora, según Higueras, están subiendo la renta: “Si pagaban 200 euros al mes, les están poniendo 700”.

“Estamos realmente preocupadas porque pueden estar de un día para otro en la calle”, ha añadido Higueras. El Ayuntamiento no tendría “recursos suficientes” para hacer frente a este desalojo masivo de “familias vulnerables y sin recursos”, puesto que no cuenta con viviendas sociales suficientes para acogerlas a todos. La sociedad pública Sareb le ha ofrecido 300 pisos, que se están acondicionando. Tampoco existe, ha añadido Higueras, la posibilidad de otorgar ayudas de alquiler a largo plazo, “sólo puntuales”. “La pelota está en el tejado de los fondos”, ha lamentado la concejal, que abrirá “conversaciones” con Blackstone pero reconoce que no puede “negociar” con ellos, más allá de la presión social o política para evitar que se produzca ese desalojo masivo.

Tampoco parece viable la solución judicial. El Ayuntamiento se ha comprometido a buscar cualquier “resquicio” para revertir la “censurable” venta de esas viviendas sociales en 2013, pero “sería muy complicado” conseguirlo incluso aunque el informe definitivo de la Cámara de Cuentas confirme “las actuaciones irregulares”. En primer lugar, porque el proceso judicial sería “larguísimo”, de entre ocho y 10 años de duración, según Higueras (que, antes de concejal, fue secretaria judicial). “No nos daría tiempo” a evitar el desalojo masivo, reconoce.