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OPINIÓN

Las culpas del déficit

Las comunidades autónomas (con dos excepciones) tienen responsabilidades de gastos en servicios básicos, sin tener capacidad de decidir

Hace una semana, cuando se anunció que España había sobrepasado, en más de un 20%, el déficit público acordado con la Unión Europea para 2015, dije en público que nos preparáramos para un conflicto entre dos frentes: España y la Unión Europea, porque la Comisión había advertido repetidamente de que esto iba a ocurrir (sobre todo cuando se anunció una reducción de impuestos) y el Gobierno Español rechazó las advertencias con una cierta insolencia que cayó muy mal en Bruselas; y entre el Gobierno central y los autonómicos, ya que se intentaría culpabilizar a estos de la desviación, y utilizar esta circunstancia para justificar medidas de recentralización, y hasta de una, más o menos disimulada, intervención.

El primer conflicto creo que no aparecerá mientras no exista un nuevo gobierno en Madrid, y dependerá de cuál sea su signo. Pero el segundo ha empezado ya. Se ha responsabilizado del déficit a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas (CC AA). No quiero, ni me corresponde, entrar en la polémica política. Sólo intento hacer unas reflexiones que ayuden a entender mejor el origen de estos problemas.

1. Desviación de cifras. No estamos hablando de cifras absolutas, sino de desviaciones respecto a objetivos. Si no se han cumplido, hay que analizar qué parte de culpa está en el incumplimiento, y qué parte en los que, conscientemente o no, se han equivocado en la fijación de los objetivos.

En el caso de España y la UE, se partía de una imposición muy dura por parte de esta, fruto de la obsesión en las políticas de austeridad; pero fue revisada, suavizada, y aceptada finalmente, por ambas partes. Si el objetivo acordado era irreal, la responsabilidad seria compartida. En el caso del reparto del déficit entre Estado y CC AA, fue una imposición del primero que fue rechazada por los gobiernos autonómicos, sin que se consiguiera ninguna revisión ni flexibilización. Aquí, la responsabilidad del error correspondería sólo a una parte.

2. Elasticidad o rigidez. Un presupuesto público tiene cifras de ingresos y otras de gastos. Entiendo por rigidez la incapacidad de modificar las cifras en función de las circunstancias. Una situación de crisis automáticamente reduce los ingresos y aumenta los gastos. La recesión supone una disminución de ingresos por impuestos, y por cotizaciones sociales. Por otra parte, supone mayores gastos debidos al seguro contra el paro, y al aumento de las atenciones sociales y sanitarias. A estos dos automatismos, hay que añadir una rigidez que nadie discute, pensando en el futuro: mantener la calidad y el alcance del sistema educativo.

Todo ello hace que en tiempos de crisis los presupuestos públicos tengan déficit, y que los déficits se sitúen sobre todo en la Seguridad Social y en los presupuestos de los gobiernos que tienen a su cargo la sanidad, la educación y los servicios sociales. Se impone, además, una exigencia: intentar aumentar ingresos, reforzando el control fiscal, y aumentando los impuestos sobre las rentas y los patrimonios menos afectados por la crisis; lo contrario de lo que se hizo.

3. Asimetría de responsabilidades. Una buena parte del conflicto tiene causas ocultas exclusivamente político-partidistas, relacionadas con el debate entre recentralización, autonomismo, federalismo e independentismo. Pero al margen de ello, hay que entender que las contradicciones del entramado institucional no ayudan a racionalizar la situación. La Constitución nació con un espíritu y un compromiso de evolución que luego se perdió, y fue interpretada y aplicada cada vez más restrictivamente.

Las CC AA (con dos excepciones) tienen responsabilidades de gastos en servicios básicos, sin tener capacidad de decidir, ni controlar sus ingresos, ya que dependen de transferencias del Estado. El gobierno central sigue dedicando buena parte del presupuesto a actividades cuyas competencias han sido transferidas. Algunas CC AA realizan actividades que no serían necesarias si el Estado las asumiera con suficiente visión de la pluralidad nacional. La financiación autonómica incluye el necesario principio de solidaridad, pero no lo conjuga con el de ordinalidad, confundiendo igualdad de derechos con igualación de recursos.

Si no se trabaja para corregir asimetrías en las responsabilidades, eliminar duplicidades en las actuaciones, y revisar algunos principios de equidad, va a costar mucho resolver el problema de fondo.

Joan Majó es ingeniero y exministro.