El PP tendrá que responder al juez por su supuesto recaudador en Valencia

El PP es uno de los cerca de medio centenar de imputados en la pieza separada sobre un supuesto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia del caso Taula, cometido presuntamente en el año 2015. Fuentes de la investigación aseguran que, cuando el legal representante del partido acuda a declarar, una de las cuestiones por las que será preguntado será por los ingresos de dinero anotados por Maria Carmen García-Fuster, la exsecretaria municipal del PP, que recogen donaciones significativas de origen desconocido.

Según García-Fuster, un recaudador cuyo nombre se negó a revelar recogía dinero de simpatizantes y se lo entregaba a ella, entre otros, fines para financiar las campañas electorales. En los meses anteriores a las elecciones de 2011, estas aportaciones, ascendieron a 116.000 euros. Si se calcula desde el año 2006 fueron 245.000 euros. García-Fuster identificaba al supuesto recaudador que le daba el dinero con las siglas "CyA", que según ella significaba colaboradores y allegados.

Desde el año 2007, la financiación de los partidos políticos no puede realizarse mediante aportaciones de origen desconocido. Entre otros motivos, destacan fuentes del caso, para dificultar que fondos procedentes de actividades ilícitas entren en el circuito de los partidos políticos. El hecho de que García-Fuster se haya negado a identificar a la persona que, según ella, actuaba como recaudador, añaden las fuentes, agrava la sospecha.

Fue el magistrado que instruye el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, quien preguntó a García-Fuster por cuatro ingresos por importe de 29.000 euros anotados poco antes de las elecciones de 2015, que había recibido de "CyA".

Investigación sobre asesores

El juez que instruye el caso Taula, Víctor Gómez, se inclina por limitar la extensión de la parte de la causa que versa sobre la contratación de asesores, según fuentes del procedimiento. Se trata de la línea de investigación que afecta a formaciones políticas distintas del Partido Popular. Miembros del PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida, además de del PP, fueron interrogados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por estos hechos.

Lo más probable, a la espera de que concluya esta parte de la investigación, para lo que todavía falta tiempo, es que finalmente afecte a pocas personas. Serán, básicamente, casos flagrantes, en los que pueda probarse por ejemplo que estuvieron cobrando un sueldo público sin ir realmente a trabajar. Hay otro apartado de presuntas irregularidades se derivarán, en principio, al ámbito administrativo, según las fuentes.

A estas alturas de la investigación parece claro que la denunciante original del caso, la diputada provincial Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida, será exonerada y no se dirigirá contra ella ninguna acusación penal al finalizar la fase de instrucción. Los investigadores subrayan, sin embargo, que no todas las actuaciones de representantes políticos resultan tan claras

Las irregularidades en la contratación de asesores y otros empleados, como brigadistas, por parte de Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa), la gran empresa pública de la Diputación de Valencia, fueron expuestas al magistrado instructor por Marcos Benavent. Este fue gerente de Imelsa, se halla imputado en el caso, lleva meses colaborando con la justicia y se ha convertido en una pieza central para la investigación.

Benavent mantuvo que la incorporación de numerosos empleados de Imelsa fue ilegal, porque se realizó sin respetar los principios de contratación del sector público ni los cauces administrativos. El arrepentido también contó que responsables de los distintos partidos colocaron a personas. En casos extremos, sin que desarrollaran realmente ningún trabajo.

Menor dimensión

Las prácticas expuestas por Benavent apuntaron hacia la posibilidad de que se hubieran cometido delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias a gran escala en Imelsa y la Diputación. Los investigadores descartan ahora que el asunto tenga tal dimensión, aunque advierten de que se estudiará cada caso.

Además de interrogar a los representantes de los partidos con representación en Imelsa sobre la contratación de personal, la UCO ha elaborado una lista completa de empleados y exasesores de la empresa pública, y ha interrogado a parte de ellos. Esta parte de la causa —formalmente todavía no es una pieza separada— es una de las cinco que integran el caso Taula, en el que hay hasta ahora 115 imputados —investigados, según la nueva denominación judicial—.