El fiscal mantiene que Rita Barberá debe ser imputada por el Supremo

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su criterio de pedir que Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, sea imputada por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el marco del caso Taula. Los argumentos exculpatorios que la exregidora esgrimió la semana pasada ante el juez instructor de la causa, Víctor Gómez, no convencen al fiscal del caso. Después de que el juez le diera traslado del escrito, el ministerio público se reafirma en que el magistrado debe elevar el asunto al alto tribunal al ser Barberá aforada por su condición de senadora.

El juez ya avaló, en una resolución del 14 de marzo, los "indicios racionales" de delito contra la exregidora expuestos por Anticorrupción. Pero antes de resolver sobre la remisión del asunto al Supremo, dio la oportunidad a Barberá de alegar lo que considerase oportuno para su "defensa" compareciendo ante él en persona o por escrito.

La exalcaldesa optó por defenderse por escrito. En un documento dirigido al juez el 1 de abril admitió haber hecho un ingreso de 1.000 euros en la cuenta del partido poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Pero negó que, tal y como mantiene el ministerio público respecto a ella y a otro medio centenar de miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, los recibiera más tarde en dos billetes de 500 de fondos de origen desconocido.

Barberá mantuvo que no recordaba "con exactitud" la "mecánica empleada" para hacer llegar un talón con los 1.000 euros al grupo municipal "por servicio interno" para que procediera "a su cobro". Y deslizó que los indicios contra ella y el resto de sus compañeros del PP de Valencia —entre ellos nueve de los 10 concejales populares imputados en la causa—respondían a una venganza tejida por su exvicealcalde, Alfonso Grau.

La Fiscalía basa la petición para que Barberá sea imputada —investigada— en tres elementos. El principal son los pinchazos telefónicos a María José Alcón, exconcejal de Cultura, exasesora municipal y esposa de Grau. Especialmente en una conversación en la que la exedil detallaba a su hijo la supuesta operación de blanqueo en la que estaba participando.

"Rita, sí"

En ella, Alcón afirmaba que el PP de Valencia que comandaba Barberá tenía "mucho dinero negro" procedente de "empresas, comisiones, corrupciones...". Y que se trataba de unos fondos que el partido no podía "aflorar". Su hijo le preguntaba si a ella los dos billetes de 500 se los había dado "Rita [Barberá]". A lo que Alcón replicaba que había sido Mari Carmen García-Fuster —quien según la fiscalía controlaba la caja b del partido en la ciudad desde su puesto de secretaria general del grupo municipal—. Pero casi al mismo tiempo, Alcón completaba la respuesta agregando: "Rita, sí".

Anticorrupción también ha apoyado su petición de que Barberá sea investigada en un "escrito anónimo con matasellos de 20 de abril de 2015" en el que la fiscalía fue advertida "de una supuesta financiación ilegal de la campaña del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia". El sistema empleado —aportaciones individuales de 1.000 euros en la cuenta del partido y recepción en paralelo del dinero en metálico— coincidía con el narrado por Alcón en la conversación con su hijo.

El tercer argumento de la fiscalía contra Barberá son las declaraciones de dos imputados, que han admitido los hechos —uno de ellos es Alcón—. Y las declaraciones como testigos de cuatro exasesores del Grupo Popular, que aseguraron haber sido presionados para participar en la operación de blanqueo y haberse prestado a ello al considerar que se trataba de un delito.

Los exasesores mantuvieron que "no tenía sentido acudir a la alcaldesa porque la orden venía de arriba", que suponían "que ella lo tenía que saber" y que la exregidora no les inspiraba "confianza", entre otros extremos. Barberá se defendió en el escrito del 1 de abril de estos testimonios destacando que los cuatro exempleados del Grupo Popular fueron asesores de su exvicealcalde Grau, y que actuaban por lealtad hacia su exjefe, enfrentado con ella.

Una vez recibida la explicación de la exalcaldesa y una vez comprobado que el fiscal no ha variado su criterio, el juez resolverá sobre la elevación al Supremo del procedimiento. La pieza del supuesto blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia es una de las cinco partes que componen el caso Taula, y la única sobre la que se ha levantado el secreto de sumario. La mayor parte del caso está centrado en la investigación de una supuesta trama del 3% que cobró presuntamente comisiones a cambio de adjudicaciones en cientos de contratos públicos entre los años 2003 y 2015. Una parte de esas mordidas se destinó supuestamente a financiar al PP valenciano en los niveles local, provincial y autonómico.