La Generalitat diseña una Seguridad Social para gestionar 32.400 millones

El Gobierno catalán está ultimando una de las llamadas “estructuras de Estado”: la Agencia Catalana de Protección Social, el equivalente de la Seguridad Social. Tras unos meses de parón en los trabajos, el Gobierno catalán ha retomado la idea de crear un ente para gestionar las 169 prestaciones económicas y de servicios que existen en Cataluña y que suman un presupuesto anual de 32.466 millones. La agencia podría entrar en funcionamiento con las ayudas que ya están transferidas, aunque se está preparando para que en un futuro incorpore la gestión de las pensiones, que supondrían el 93% del gasto.

El diseño de dos de las estructuras de Estado previstas —la Hacienda propia y la Protección Social— dependen de la vicepresidencia económica, que ostenta Oriol Junqueras. El equipo del líder republicano ha modificado el organigrama del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales para dar relevancia a la futura Seguridad Social catalana. De la consejera Dolors Bassa depende directamente la Dirección General de Protección Social, que es capitaneada por Joan Ramon Ruiz, exdirector de varias administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cataluña.

“El objetivo del Gobierno en materia de protección social es unificar en un solo órgano especializado la gestión de todas las prestaciones sociales del país”, explicó Bassa en una reciente intervención en el Parlamento catalán. La agencia no solo se ocuparía de la gestión de las pensiones o la prestación del desempleo, sino también, por ejemplo, de las ayudas a la dependencia o a las afectadas por violencia de género.

Los trabajos para diseñar la Hacienda propia han puesto de manifiesto que Cataluña no había agotado el recorrido de las competencias que le otorga el Estatut en esa materia. Por ejemplo, no se había adelantado nada en recaudación ejecutiva, es decir, de deudas con la Administración. Lo mismo ocurre con la Protección Social. La ley catalana de Servicios Sociales de 2007, en una disposición transitoria, ya preveía la creación de una agencia que aglutinara la gestión de todas las prestaciones sobre las que tiene competencias Cataluña. Le encargaba esa tarea al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), heredero a su vez de lo transferido por parte del Estado en materia social.

169 prestaciones

En julio del año pasado, la entonces consejera de Bienestar Social Neus Munté presentó el mapa de las prestaciones de Cataluña, tras años de insistencia por parte de la oposición. Convergència hablaba entonces de desarrollar una ley de Protección Social. Este mapa tenía como finalidad poner negro sobre blanco el número y alcance de las ayudas en Cataluña y abrir el melón para rediseñar la cartera. Era el paso previo para crear el órgano único de gestión que, según los objetivos del Gobierno catalán, debía “tener capacidad para gestionar las prestaciones de otras Administraciones”. La agencia quedó aparcada tras el último pacto presupuestario entre ERC y Convergència, que liquidó al ICASS.

El mapa, sin embargo, dibuja los ámbitos de la Agencia de Protección Social. El documento muestra que hay 169 prestaciones. De éstas, 90 son de servicio (por ejemplo, la atención sanitaria y la educación obligatoria) y las otras 79, de carácter económico (como la renta mínima de inserción).

En 2014, las últimas cifras disponibles, hacer frente a estas ayudas implicó un presupuesto de 41.907 millones de euros.

La agencia se haría con todas las prestaciones económicas y podría retener algunas de las de servicios, aunque descartaría las sanitarias y educativas. Algo que, acepta el equipo de Bassa, implicaría cambiar la cultura de gestión de los departamentos que manejaban desde un principio las ayudas. Así, el presupuesto que tendría la nueva agencia sería de 32.466 millones. En el caso de las prestaciones económicas, el 39% corresponden al ámbito competencial del Estado. El 83% del dinero total, de hecho, corresponde a las pensiones y a la prestación por desempleo (27.195 millones).

“La agencia nos debe permitir gestionar en cada momento, de presente y futuro, según las competencias que tenga la Generalitat”, aceptó Bassa. Un tema sensible, por ejemplo, en lo que toca a pensiones y otras prestaciones contributivas. El Gobierno catalán, de entrada, considera que con la ley actual los que ya son pensionistas del Estado lo seguirán siendo sea cual sea su nacionalidad.