Rita Barberá se persona en el caso Taula con su sobrina como abogada

La senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá se ha personado con defensa letrada en la pieza separada del caso Taula centrada en un supuesto delito de blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia. Un ilícito que la Fiscalía Anticorrupción atribuye a la exregidora y por el que el juez Víctor Gómez ha iniciado el trámite para pedir al Tribunal Supremo que la impute. Antes de remitir al alto tribunal la exposición razonada de motivos por los que considera que debe ser investigada, el magistrado dio a la dirigente del PP la oportunidad de declarar ante él de forma voluntaria.

La abogada elegida por Barberá es Rita Corbín, hija de José María Corbín, el cuñado de la exalcaldesa que está siendo investigado por la fiscalía por hablar de pegar a su mujer. El hombre, que intentaba alejar a su esposa del supuesto delito de blanqueo que los investigadores de Taula atribuyen a medio centenar de miembros del Grupo Popular, declaró a la prensa: "Permitidme la licencia; si yo me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas. Ni ha dado ni se los ha pedido nadie". Unas palabras por las que luego se disculpó.

El ministerio público indaga si José María Corbín —que también es abogado de otra de las principales imputadas en Taula, la presunta responsable de la caja b del PP local María del Carmen García Fuster— pudo incurrir en un delito de apología de la violencia contra las mujeres después de que la Consejería de Políticas Inclusivas de la Generalitat valenciana que dirige Mònica Oltra lo denunciara.

El magistrado instructor de Taula dio el 14 de marzo a la alcaldesa un plazo de 20 días para decidir si quería declarar voluntariamente. Barberá confirmó al día siguiente que lo haría. El juez indicó que para hacerlo debía designar previamente abogado y procurador y tener acceso al sumario. Todo ello en aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula la imputación de delitos.

Como Barberá es senadora y por ello aforada ante el Supremo, el único tribunal que la puede investigar penalmente, el juez Gómez adelantó que aunque compareciese ante él no podría interrogarla, y que la exalcaldesa también podía solventar el trámite enviándole un escrito. El objetivo, precisaba el magistrado, era que la exregidora pudiera "dar a conocer hechos y circunstancias de posible interés para la causa y manifestar lo conducente a su defensa en relación con la investigación, que aparentemente le implica".

También pretendía con el ofrecimiento, según precisaba en el auto judicial, agotar "cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos" antes de remitir el asunto al Supremo, tal y como establece la jurisprudencia de este tribunal. Barberá, según fuentes del caso, todavía no ha concretado si comparecerá ante el instructor en persona o si expondrá su posición por escrito.

Lo que sí adelantó a los periodistas la ahora senadora por designación del Grupo Popular en las Cortes Valencianas fue que su intención era reiterar ante el juez lo que ha declarado las veces que ha comparecido en público desde que en enero el juez lanzara la operación Taula. Esto es, que "la carga de la prueba recae sobre el que acusa y no sobre el que tiene que defenderse" y que no ha cometido "ningún delito".

Indicios racionales

El magistrado parece inclinarse por lo contrario. En la resolución en la que invitaba a Barberá a declarar el juez daba cuenta de que la Fiscalía Anticorrupción consideraba que existían "indicios suficientes de la participación” de la senadora, y que había solicitado que el asunto fuera remitido al Supremo. El instructor consideraba que los escritos presentados por los fiscales del caso contenían "indicios racionales que fundamentan jurídicamente dicha petición".

El PP de la Comunidad Valenciana lleva desde enero intentando solucionar el gran problema que le ha supuesto la pieza separada del caso Taula centrada en el supuesto blanqueo de capitales en el Grupo Popular en el Ayuntamiento. Un presunto delito por el que están imputados nueve de los 10 concejales —además de otras 38 personas relacionadas con el grupo municipal— y que ha debilitado la capacidad de hacer oposición del partido en la ciudad, cuyo gobierno perdió en 2015 tras 24 años en el poder. La dirección regional ha pedido a los ediles que dimitan, pero estos de momento se resisten a hacerlo.

La parte central del caso Taula está centrada en la actividad de una supuesta trama del 3% vinculada al PP valenciano que habría cobrado comisiones a cambio de la adjudicación de centenares de contratos públicos entre 2003 y 2015. Parte del dinero habría servido para financiar al partido a escala municipal, provincial y autonómica. El número de imputados supera los 110 entre personas físicas y jurídicas. Entre estas últimas figura el Partido Popular.