El TSJC anula la adjudicación a Agbar del suministro de agua en Barcelona

La concesión que habilita el suministro del agua a los hogares de 2,9 millones de catalanes —entre ellos los habitantes de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Badalona— es nula. Así lo considera una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ve “motivos de anulación por vicios en el proceso de contratación” durante la constitución en noviembre de 2012 de una empresa mixta entre el Área Metropolitana de Barcelona y Agbar, operadora privada que pasó a controlar el 85% de la sociedad. El fallo censura que la corporación metropolitana, entonces cogobernada por CiU y el PSC, decidiera crear la sociedad asumiendo como único socio posible a Agbar, sin publicidad, y asignarle directamente el suministro de los hogares de 23 municipios barceloneses.

La sala de lo contencioso-administrativo del TSJC ha dado la razón a las tres compañías que recurrieron la creación de la sociedad mixta porque la AMB ni siquiera las tuvo en cuenta: Acciona Agua, Aqualia (de FCC) y una filial de Aguas de Valencia. A la empresa mixta y a sus accionistas les queda la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo para salvarse de la anulación del contrato. De momento, el fallo que está en vigor pone en duda un contrato que Agbar ha llegado a cifrar en unos ingresos de 3.500 millones de euros durante sus 35 años de vigencia. O para hacerse otra idea, Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la empresa privatizada que también está pendiente de los juzgados, factura al año unos 150 millones de euros; la sociedad mixta Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, ahora en el alambre, ingresa en torno a 385 millones anuales.

Son diferentes los frentes que utilizan los magistrados para desmontar los argumentos utilizados por la AMB para aliarse con Agbar. Uno es el que se basaba en que la operadora filial de Suez Environnement tenía contratos de suministro en Barcelona y otras ciudades. El fallo dice: “Carece de título concesional otorgado por la Administración competente” y “viene actuando como concesionario tácito del servicio de abastecimiento de agua”.

Aunque así fuera, dice el texto, la autorizaciones “no le otorgan un derecho exclusivo de abastecimiento en baja en Barcelona y poblaciones de su entorno. Asimismo, la sala pone en entredicho la valoración económica efectuada por Agbar, al considerar que incluye entre sus aportaciones un activo que “pertenece a la Administración y no al concesionario” y otras, como la planta potabilizadora de Sant Joan Despí, que no tienen nada que ver con el suministro en baja (llevar el agua hasta los hogares), que es la finalidad de la empresa mixta.

Inclusiones como esas obligan a la empresa mixta a pagar 190 millones de euros a la propia Agbar durante las tres próximas décadas. “El coste económico de la operación que justificaría la renuncia a la competencia no está acreditado”, señala el fallo, que echa en falta el hecho que el AMB hubiera realizado un estudio sobre el coste del rescate de las concesiones (que datan de 1953, 1957 y 1960).

El futuro de la sociedad mixta queda ahora a expensas de lo que decidan hacer los accionistas. Los dos privados son Agbar, que controla el 70%, y La Caixa, que se quedó un 15% derivado de un intercambio de acciones con Suez Environnement. La polémica también está servida en el Área Metroplitana, otro accionista minoritario. Está presidida por Ada Colau, cuya formación, Barcelona en Comú, era partidaria de revertir el contrato. Pero el PSC, aún con un peso preponderante en la entidad, es defiende el contrato.