Genocidio pasivo

A través del Mediterráneo oriental millones de personas huyen de las guerras, de los bombardeos, de las ciudades en ruinas. También huyen de Estados fallidos a causa de conflictos armados recientes, sin perspectiva de seguridad, dignidad, trabajo ni sustento. Unos y otros acaban en inhóspitos campos de refugiados, que son verdaderos campos de concentración. Sólo dentro de Siria hay 6.5 millones de desplazados. Además, hay más de un millón en el pequeño Líbano, lo que constituye el 28% de su población. Hay 2.5 millones en Turquía. En total, casi cinco millones de personas, de los que 2.2 millones son niños, se hacinan en campamentos de los países referidos, y en otros de Irak, Jordania o Egipto. Diariamente, más de mil personas huyen de estos campos.

Al no existir medios regulares y seguros para la travesía, tan solo encuentran el recurso de las mafias, inseguro e irregular, y con precios abusivos. Así se aventuran a cruzar el mar, pretendiendo dejar atrás esa pesadilla y buscando, razonablemente, un futuro de seguridad, trabajo y dignidad en el acomodado norte de Europa.

Las cifras no son precisas ni coincidentes, porque se refieren a una población en constante movimiento, y porque los cómputos y registros de distintas policías de fronteras son de discutible objetividad. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalan que en el primer trimestre de 2016 más de 120.000 refugiados arribaron a las costas griegas e italianas, y más de 400 fallecieron en el intento. En 2015 murieron entre 2.500 y 3.500 personas en la travesía marítima a Grecia e Italia.

El compromiso de la Unión Europea (UE) de realojar a 160.000 refugiados, según unas cuotas proporcionales asignadas, ha sido clamorosamente incumplido por los Estados. España solo ha acogido a 18. Muchas fronteras se han cerrado, quebrantando el principio de libre circulación de personas en la UE. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, amenazó a los “emigrantes económicos ilegales” advirtiéndoles que no intenten entrar en Europa. Según un preacuerdo del pasado 7 de marzo de los jefes de Estado y de gobierno de la UE, todas las personas que entraron en la UE de forma irregular serán devueltas a Turquía, ya sean “migrantes económicos ilegales”, o refugiados que deberían tener garantizado el derecho de asilo.

Serán expulsiones en caliente y expulsiones colectivas, aunque unas y otras estén prohibidas por la legalidad internacional. La UE sabe que nadie la perseguirá. Su ilegalidad tiene asegurada la impunidad. Pagará lo que haga falta al gobierno de Turquía para que no deje cruzar el Egeo a más refugiados. Negociará con Turquía la posterior recepción de refugiados según criterios proporcionales de cuotas. Pero, previsiblemente, los Estados volverán a incumplir impunemente el compromiso. Para completar la ayuda humanitaria David Cameron ofrece un buque anfibio portahelicópteros para luchar contra las mafias del transporte ilegal de emigrantes. Lo que faltaba, buques de guerra contra las pateras. Es difícil reconocer, en estas actitudes egocéntricas e insolidarias, a la Europa de los derechos humanos.

La UE ha decidido incumplir el deber humanitario de asistencia, posible y por ello exigible, y ha pactado convertir el derecho de asilo en una insoportable estancia indefinida en campos de refugiados en Turquía. Por todo ello se han llegado a calificar estas actitudes como un genocidio pasivo. Técnicamente, jurídicamente, no es un genocidio, porque no existe una intención directa de exterminio, que sería indispensable para denunciar ante el Tribunal Penal Internacional a los firmantes del preacuerdo del 7 de marzo. Pero hay una relación de causalidad directa entre la alevosa y fría insolidaridad de los gobernantes europeos y los miles de sufrimientos y muertes. Estas pesan sobre la conciencia de la UE igual que un genocidio.

Mientras tanto, aquí, en el extremo opuesto del Mediterráneo, el drama de los refugiados no está entre nuestras preocupaciones, según la última encuesta del CIS. Prosiguen los debates para la formación de gobierno, pero en ellos no se ha oído ninguna especial mención al drama de los refugiados. Algunos ayuntamientos, como los de Madrid y Barcelona, y nueve Comunidades Autónomas, proclamaron su compromiso de acoger refugiados. Pero ninguna de estas iniciativas será posible mientras no les dejen llegar los firmantes del vergonzoso preacuerdo del 7 de marzo y cómplices de la inhumana e ilegal insolidaridad europea.

José María Mena fue fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.