La Audiencia prioriza el ‘caso Alvia’

La Audiencia Provincial de A Coruña analizará en abril si el accidente de tren de Santiago del 24 de julio de 2013 en el que murieron 80 personas va ya a juicio con el maquinista como único acusado, como piden el juez instructor y el fiscal, o si por el contrario debe continuar la investigación, como reclaman las víctimas y el abogado del conductor. La decisión la tomará la sala sexta de la Audiencia desplazada en Santiago, un tribunal de tres magistrados presidido por Ángel Pantín Reigada. Él ha venido siendo el ponente de las anteriores resoluciones de la Audiencia sobre esta misma causa y ha pedido poder dedicarse ahora en exclusiva a analizar los recursos pendientes de resolver. Para ello, ha solicitado y ha logrado que se le exima del reparto de nuevas tareas durante tres semanas, periodo que comenzará a contar a partir del 1 de abril, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Varias fuentes judiciales señalan como lógico que sea también Pantín Reigada el ponente de esta nueva deliberación por su conocimiento previo de la causa y consideran adecuado que pueda dedicarse un tiempo en exclusiva a ello dada la complejidad del caso y su volumen, con 60 tomos y 25.000 folios. Con Pantín Reigada, en la deliberación participan otros dos magistrados o magistradas, que han venido rotando en las diversas decisiones que ha adoptado el tribunal sobre el caso en los últimos dos años y medio.

En el accidente de tren de Santiago, el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, se despistó y no frenó a tiempo antes de llegar a la curva de Angrois, en la que descarriló falleciendo 80 personas. Ni en las vías ni en el tren había activo ningún sistema de seguridad que evitase o paliase su despiste. Dos meses después del siniestro el primer juez instructor de la causa, Luis Aláez, imputó a 27 técnicos y directivos de Adif por rebajar la seguridad de la línea.

El 31 de octubre de 2013 la Audiencia, con Pantín Reigada al frente, levantó sus imputaciones por considerarlas “prematuras”. Entonces el tribunal animó al juez a realizar una “investigación exhaustiva” sobre si la curva de Angrois “exigía o no, desde una perspectiva técnica, [...] un sistema de control permanente de velocidad que supliera una actuación desatenta del conductor”, pero matizó que en aquel momento no existían “datos que justifiquen” las imputaciones que pretendía el instructor. También le pidió esperar a que los peritos pudieran asesorarle al respecto.

Con un avance de esos peritajes en su mano, el juez Aláez volvió a imputar en mayo de 2014 a 11 exdirectivos de Adif. La audiencia, en un auto igualmente encabezado por el magistrado Pantín Reigada, levantó nuevamente esas imputaciones el 30 de septiembre de 2014 con el argumento de que no quedaba demostrado que hubiesen incumplido ninguna norma explícita de seguridad. Para entonces ya estaba al frente de la instrucción un segundo juez, Andrés Lago Louro, tras dejar el juzgado el primero, Aláez, por motivos personales.

El pasado mes de octubre Lago Louro, con el apoyo del fiscal, dio por cerrada la instrucción y propuso abrir ya juicio oral contra el maquinista como único responsable penal del accidente. El fiscal pide para él una pena de cuatro años de cárcel por “imprudencia grave profesional” y una indemnización a las víctimas de casi 43 millones de euros que deberá asumir la aseguradora de su empleador, Renfe. Las víctimas y el abogado del maquinista se opusieron a juez y fiscal por considerar que aún quedan muchas incógnitas que resolver sobre cómo se rebajó la seguridad de la línea Ourense-Santiago. Esas discrepancias entre ambas partes serán las que ahora deba resolver la Audiencia.