La UE está “muy preocupada” por la trama del 3% del PP en Valencia

Los responsables de la dirección general de Política Regional de la Comisión Europea están "muy preocupados" por las informaciones sobre la trama del 3% vinculada al PP valenciano desarticulada en la operación Taula. Así lo han manifestado en una misiva enviada en febrero al Gobierno español en la que reclaman al Ejecutivo que le envíe, en el plazo de un mes, la relación de los proyectos cofinanciados con fondos europeos que están siendo investigados.

Es el caso de la construcción de colegios a través de la empresa pública de la Generalitat Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), en la que 600 proyectos por importe de más de 1.000 millones de euros fueron presuntamente amañados, según fuentes de la investigación, lo que podría haberse traducido en comisiones de hasta 80 millones de euros si se incluyen los modificados de obra.

Las obras de Ciegsa, creada en 2001, recibieron fondos europeos, aseguran fuentes del Consell. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, se ha reunido este miércoles con representantes de la UE en Madrid a los que ha trasladado la apuesta por la transparencia del nuevo Ejecutivo autonómico. Y su disposición a colaborar con el esclarecimiento de pasados comportamientos corruptos llevados a cabo supuestamente por personas que ya no ocupan cargos en la Administración autonómica, provincial ni local.

"Estamos muy preocupados por la información aparecida en recientes artículos de prensa que podría afectar al uso de Fondos Europeos en la Comunidad Valenciana. Dichos artículos se refieren al supuesto cobro de una comisión del 3% cargada a empresas que se beneficiaron de contratos públicos adjudicados por los diferentes niveles de la Administración Pública valenciana. Según estas informaciones, dichos casos están siendo investigados por las autoridades españolas", señala la carta fechada en la capital comunitaria, Bruselas, el 9 de febrero.

La investigación a la que se refiere es la que está llevando a cabo, bajo secreto de sumario, el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, cuyo titular es el magistrado Víctor Gómez, junto a la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La misiva está dirigida a José María Piñero, director general del Ministerio de Economía.  "Dada la importancia de los hechos bajo investigación, le invito a que averigüe si hay proyectos cofinanciados por Fondos Europeos que se ven afectados por estas investigaciones y que nos proporcione, en el plazo de un mes, toda la información pertinente", se lee en ella.

Los datos reclamados por Bruselas incluyen "una lista de los organismos intermedios bajo investigación y una lista de proyectos cofinanciados por [los fondos europeos] FEDER, si fuera el caso". La Comisión solicita "el importe total" de cada proyecto y el "importe total certificado del mismo".

"Es de suma importancia", señala la misiva, "que en casos de uso fraudulento de Fondos Europeos, la autoridad de gestión tome las medidas adecuadas de conformidad con las normas de buena gestión financiera". La Comisión termina recordando al Gobierno "que los gastos relativos a proyectos afectados por investigaciones de fraude no deberían ser certificados a la Comisión hasta la conclusión de las mismas".