El imputado por el 3% esquivó dos veces ser despedido de Infraestructures.cat

Esquerra Republicana quiere acabar cuanto antes con la presencia de Josep Antoni Rosell en la empresa pública Infraestructures.cat. No es la primera vez que alguien intenta despedir al investigado por el caso 3% de presuntos cobros de comisiones por parte de Convergència Democràtica de la gran adjudicadora de obra pública de la Generalitat. La primera ocasión se dio en 2013, con motivo de la implicación de Rosell en el caso de Aguas Ter-Llobregat. La segunda fue en noviembre pasado, después de su arresto por la Guardia Civil y su imputación. Ninguna de las dos propuestas de destitución prosperó. La segunda, aseguran fuentes internas de la compañía, supuso la dimisión de quien era el presidente, Joan Lluís Quer, aunque alegó oficialmente “motivos personales”.

Ninguna de las fuentes consultadas saben explicar el motivo por el que el despido de Rosell quedó abortado, aunque todos relacionan su permanencia en la compañía a su relación con Convergència y con uno de sus hombres fuertes, Germà Gordó, quien fuera secretario del Gobierno de Artur Mas primero y posteriormente consejero de Justicia. También el hecho de que a finales de diciembre pasado, antes del cambio de Gobierno, Rosell recibiera el encargo de ser el “responsable de internacionalización e investigación y desarrollo” de la empresa, pese a que semanas antes había sido desposeído de sus atribuciones directivas. Rosell y Gordó coincidieron en el Departamento de Agricultura en el último Gobierno de Jordi Pujol e impulsaron el proyecto del Canal Segarra-Garrigues, del que Rosell llegó a dirigir la empresa concesionaria antes de volver a la Administración. Quer evitó hablar con este diario sobre el asunto.

La última vez que Rosell estuvo a punto de ser despedido fue en noviembre pasado. Un mes antes se habían producido los registros en Convergència, Infraestructures.cat y el propio domicilio de Rosell, de donde salió arrestado. La información que afirmaba que el exdirector general de Infraestructures.cat había confiado a un conocido una caja fuerte y diferentes maletines con documentación —donde se encontraron 80.000 euros— fue el culmen para que Quer tomara la decisión de despedir al número dos de la empresa por “falta de confianza”. Más allá de la fría relación que mantenían presidente y director general, las investigaciones judiciales hicieron pensar al máximo responsable de la compañía que la mejor opción era la destitución, pero no consiguió el apoyo necesario de los miembros del consejo de administración, tal y como explicó a su equipo más próximo. Así quiso Quer que quedara reflejado en su última acta como presidente del consejo de administración, explican las mismas fuentes, y esa fue la decisión que acabó provocando su dimisión, aunque llevaba tiempo meditando su salida de la compañía pública.

Fue en 2013 cuando Rosell vio también amenazado su cargo. El motivo, un correo electrónico remitido de forma irregular por Juan Antonio Gallo, entonces titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, el mismo que ha puesto patas arriba el proceso de privatización de Aguas Ter-Llobregat. Gallo —quien había coincidido con Rosell y Gordó en Agricultura— le hacía algunas preguntas y una era la que acabó siendo la base de la resolución que tumbaba la adjudicación.

El problema es que Rosell participaba en la mesa de contratación del concurso y, como tal, la ley le prohibía dar criterios de ese tipo a espaldas del resto de miembros de la mesa, como así ocurrió. Sus compañeros se enteraron cuando el correo electrónico de Gallo y dos páginas sin membrete ni firma con las respuestas a las tres preguntas aparecieron en el expediente remitido por el OARCC al juez. La existencia de ese documento generó indignación entre los compañeros de mesa de contratación de Rosell —que había dado por buena la adjudicación— y los servicios jurídicos de la Generalitat consideraron que había indicios de irregularidad para suspender el expediente del OARCC.

La supervivencia de Rosell en Infraestructures.cat contrasta con otros despidos de trabajadores de la misma empresa imputados por otros casos judiciales que todavía no se han cerrado. El juez que instruye el caso Petrum sospecha que el exdirector general participaba en la manipulación de concursos gracias a su puesto privilegiado como presidente de la mesa de contratación de Infraestructures.cat. Era, según los investigadores, el nexo en la Administración entre las empresas que pagaban comisiones para conseguir concursos y el partido de gobierno, que las ingresaba.