La izquierda alternativa exige a Rull que paralice cualquier trasvase

La izquierda no dará tregua a la Generalitat con las políticas de gestión del agua. El que fue uno de los asuntos que generó más debate durante la pasada legislatura, con la privatización de la compañía de aguas metropolitana de Barcelona, prevé continuar la que acaba de empezar. En las primeras interpelaciones al consejero de Territorio, Josep Rull, los grupos de la CUP y Catalunya Sí que es Pot, presionaron este miércoles para que el Gobierno catalán rechace cualquier trasvase —tanto el que prevé el Gobierno central con su nuevo plan como los del Ter-Llobregat que contempla el plan de cuencas de la Generalitat—. El acuerdo entre Junts pel Sí y el partido anticapitalista para desarrollar una legislatura estable se encuentra en este terreno con uno de sus posicionamientos más antagónicos.

Sobre el debate está la sombra de la manifestación que la Plataforma en Defensa del Ebro prevé el próximo domingo en Amposta (Tarragona). Sergi Saladié (CUP) y Hortènsia Grau (Catalunya Sí que es Pot) lucieron camisetas en apoyo a la movilización. En el Congreso de los diputados en Madrid Podemos Aragón y En Comú Podem, registraron una proposición de ley para que el Gobierno en funciones retire el plan. ERC también pidió que se matice.

El Gobierno catalán la apoya y esto supone un cambio sobre todo para Convergència —dentro de Junts pel Sí—, que en su día pactó con el Gobierno popular de José María Aznar en el año 2.000 el polémico Plan Hidrológico Nacional. En su día costó una gran movilización en las comarcas del sur de Tarragona.

El nuevo plan aprobado el 8 de enero es considerado más peligroso por los activistas. La Generalitat ve ahora en el plan una falta de sensibilidad ante sus demandas y una “decepción total y absoluta”, según dijo el delegado en las Terres de l‘Ebre, Xavier Pallarès. El Gobierno catalán se escuda en la independencia para evitar en el futuro cualquier intromisión en sus políticas hidráulicas.

"Bienvenidos a la defensa del territorio a este nuevo Gobierno", le dijo Saladié (CUP) al consejero. El diputado recordó el plan de cuencas interno de la Generalitat y denunció, tal y como ya han hecho también grupos pro medioambiente, que no se está respetando el caudal ecológico de los trasvases Ter-Llobregat. Es decir, también se pone en riesgo el equilibrio de caudales dentro de Cataluña. "Si no queremos que nos lo hagan desde Madrid no lo deberíamos hacer aquí", recordó Saladié. Más enfática fue Grau, de Catalunya Sí que es Pot: "Mientras el Gobierno con una mano denuncia el plan de la cuenca del Ebro está haciendo uno al que se le pueden hacer los mismos requerimientos". 

La discusión terminó con un nuevo reproche sobre la privatización del pasado Gobierno de la empresa Aigües Ter-Llobregat en 2012. Rull defendió que entonces la Generalitat no tenía otra opción de captar fondos porque entonces no existía el Fondo de Liquidez Autonómica. La CUP ha exigido en varias ocasiones revisar esa actuación para favorecer el pacto de Gobierno. El partido anticapitalista abrió más el campo y denunció las contaminaciones de la central hidroeléctrica de Flix (Tarragona) e instó a la Generalitat a cerrar las centrales nucleares en Cataluña. El partido que tiene la llave del Ejecutivo le puso deberes a Junts pel Sí: " Hay que parar los procesos de privatización que han encarecido el precio, revisar las ampliaciones de regadío y sustentar todas las políticas en caudales ecológicos", explicó Saladié. Rull prefirió confiar en el acuerdo: "La nueva política del agua la podremos compartir".