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Un Ayuntamiento detalla al juez cómo Convergència hinchó una obra del 3%

Sant Fruitós pagó por trabajos no hechos y materiales 100 veces por encima de su coste

Imagen del centro cívico de Sant Fruitós
Imagen del centro cívico de Sant Fruitós.

El Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages ha remitido al juez un informe del secretario municipal que detalla cómo el coste de las obras de un centro cívico construido en 2009 fue hinchado con gastos falsos, entre ellos una puerta y tabiques no instalados. En total, el dinero pagado de más por el municipio asciende a 34.000 euros, cifra que coincide con el 3% del presupuesto de la obra y con la donación que la constructora —el Grup Soler— hizo ese año a la fundación CatDem de Convergència. El alcalde de Sant Fruitós era el convergente Josep Rafart.

Sant Fruitós es uno de los ayuntamientos investigados por la supuesta financiación ilegal del Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) que investiga el Juzgado de Instrucción 3 de El Vendrell. El municipio adjudicó en marzo de 2009 por 1,13 millones las obras de construcción de un centro cívico dentro de las inversiones financiadas por el conocido como plan Zapatero. La empresa ganadora del concurso fue una unión temporal de empresas (UTE) formada por dos filiales del Grup Soler. Poco después, en julio de ese año, la UTE donó a CatDem 34.000 euros. El círculo se cerró en diciembre de ese año, cuando Rafart aprobó el sobrecoste que permitió a la constructora recuperar el dinero pagado a Convergència.

El informe del secretario municipal detalla cómo se fraguó y aprobó el sobrecoste, en un procedimiento que considera “nulo” porque “incumplió absolutamente el procedimiento legal”. Entre otras irregularidades, el documento destaca que un cargo de confianza del alcalde asumió un papel clave en la tramitación del expediente y en las negociaciones con la constructora a pesar de que no tenía competencias para ello. Para hacerlo, este cargo de confianza suplantó la función que correspondía al arquitecto municipal y a otros funcionarios. Esta actuación se vio favorecida, según fuentes municipales, porque Sant Fruitós carecía entonces de un secretario y un interventor de carrera y sus funciones eran asumidas por personas afines a Josep Rafart.

Entre los gastos hinchados se encuentra una puerta que no llegó a instalarse y por la que el ayuntamiento pagó 5.000 euros, casi el mismo importe abonado por unos tabiques que tampoco llegaron a levantarse. Además, la constructora facturó dos veces las acometidas de luz y agua (5.142 euros en total) y cobró casi 12.000 euros por unas guías cuyo coste real no asciende ni a 100 euros. Esta partida, por tanto, se hinchó en más del 1.000%.

En total, las partidas indebidamente facturadas al ayuntamiento ascienden a 28.989 euros. Si a esta cifra se le suman los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%), el importe indebidamente cobrado por el Grup Soler asciende a 34.000 euros, cantidad que coincide con la donación de la constructora al partido y el 3% de la obra.

Tras las elecciones municipales de mayo de 2011, Josep Rafart fue sustituido por el actual alcalde, el independiente Joan Carles Batanés. , que gobierna con el apoyo del PSC. Tras su salida de la alcaldía, Rafart fue nombrado subdirector territorial en la Cataluña Central por el Departamento de Interior, entonces dirigido por Felip Puig. El exalcalde ocupó este cargo hasta su jubilación, en julio de 2012.

El secretario municipal de Sant Fruitós recuerda en la parte final de su informe que el ayuntamiento está ahora “obligado" a poner estos hechos en conocimiento del juzgado que investiga el caso, trámite que ya ha sido cumplido por el actual equipo de gobierno. Sant Fruitós deberá asimismo aportar a la causa todo “aquello que pueda resultar relevante para la investigación de los posibles delitos vinculados con la construcción del centro cívico”, recoge el informe

En las conclusiones de su informe, el secretario municipal establece varias “acciones procedentes” que deberá llevar a cabo el ayuntamiento. Una de ellas es extender la investigación, hasta ahora limitada la aprobación y ejecución del sobrecoste, a la totalidad de la obra del centro cívico ya que considera necesario “analizar que lo que se certificó y pagó corresponde con lo que realmente se realizó, y si los precios satisfechos se ajustan a derecho o no”. El secretario también abre la puerta a “practicar un control equivalente a todas las inversiones en que se pueda sospechar la existencia de irregularidades equivalentes”.

El secretario también establece que el ayuntamiento “está obligado” a emprender acciones legales para resarcirse de los daños sufridos. En ese sentido, el informe propone dos alternativas: personarse como perjudicado en la causa en marcha “para ejercer las acciones penal y civil” o esperar a que haya sentencia firme para reclamar el dinero solo por la vía civil.

El informe, en cambio, descarta emprender medidas disciplinarias contra las personas que asumieron las funciones de secretario e interventor porque, aunque pudieron incurrir en faltas “muy graves”, estas están ya prescritas. En el caso del cargo de confianza señalado por el secretario, tampoco proceden medidas disciplinarias porque ya no trabaja para el ayuntamiento.

El actual alcalde ha optado por no hacer declaraciones públicas sobre el informe, aunque fuentes municipales aseguran que va a “cumplir al detalle” las indicaciones del informe.

Investigacion@elpais.es

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