El Parlament intenta desencallar la renta garantizada
La Mesa aprueba abrir un nuevo periodo de enmiendas aunque no se pueda tramitar
El Parlament de Cataluña intenta salir de la parálisis legislativa en la que está instalado durante las negociaciones de Junts pel Sí y la CUP para formar Gobierno. Después de aplazar hasta después de las elecciones del 20-D un pleno sobre emergencia social, la Cámara tiene sobre la mesa una Iniciativa de Legislatura Popular (ILP) para aprobar una ley de renta garantizada y el compromiso de las fuerzas de izquierda -excepto ERC- de darle carácter de urgencia. Las entidades promotoras de la ley no han parado de presionar al órgano legislativo con reuniones con los grupos y la presidenta, Carme Forcadell. De momento, el único fruto que han obtenido es un acuerdo para abrir otro periodo de enmiendas y continuar con los trámites parlamentarios, a pesar de que el Parlament no funcione a pleno rendimiento.
Lo que ha acordado la Mesa este martes es abrir un nuevo periodo de enmiendas a la ley que se tramita desde la legislatura anterior. Como hay fuerzas nuevas —Junts pel Sí antes estaba dividido en ERC y CiU—, los partidos tienen que volver a aclarar sus posicionamientos sobre la norma y hacer sus enmiendas. De hecho, dentro de la coalición de Mas, hay diferentes opiniones sobre el asunto, al estar formada por diputados con ideologías que van desde el centro-derecha liberal hasta el execosocialista Raül Romeva o socialdemócratas escindidos del PSC.
Una vez el Parlament haga público el acuerdo en el boletín oficial, la cámara deja 15 días hábiles para presentar las enmiendas. El obstáculo llega después, porque al no estar constituidas las comisiones legislativas —que dependen de que haya Gobierno—, no puede pasar al siguiente trámite, que es el de las ponencias.
Fuentes del Parlament aclaran que la intención es simplemente avanzar en el desarrollo burocrático para cuando haya un Ejecutivo y empiece a funcionar la Administración a pleno ritmo, con la intención de agilizar el proceso. O, en su caso, que la ley esté lista si se disuelve la Cámara y, tras unas nuevas elecciones adelantadas, hay que volver a retomarla.
La Renta Garantizada recibió el respaldo de 121.191 personas, que firmaron la ILP. Se presentó en un Pleno el 26 de marzo de 2014 por vía de urgencia. Surgió como respuesta a la actuación de la Generalitat que, gobernada por CiU con el apoyo del PP en el Parlament en 2012, recortó la renta mínima de inserción vigente y miles de personas quedaron excluidas de una prestación para subsistir.
El artículo 24.3 del Estatut recoge la posibilidad de crear esta herramienta social. Pero la ley nunca llegó a ser debatida por el acuerdo de CiU y ERC que pospuso el debate a después de las elecciones del 27-S. Desde el PSC a la CUP, pasando por Podem, Iniciativa, Esquerra Unida, Procés Constituent o Barcelona en Comú, criticaron la decisión y han insistido estas semanas en acelerar los trámites. La Generalitat anunció en varias ocasiones durante la legislatura anterior que aumentaría las prestaciones, pero las entidades del tercer sector han denunciado que eso nunca ha llegado a pasar y que las consecuencias han sido evidentes.
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