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La juez del ‘caso Aneri’ ordena embargar 36 cuentas

Los supuestos cabecillas de la trama de los cursos de formación fueron detenidos entre febrero y marzo de 2014

José Luis Aneri.
José Luis Aneri.

Los supuestos cabecillas de la trama de los cursos de formación fueron detenidos entre febrero y marzo de 2014. La policía pidió en junio de ese año un embargo de sus cuentas que se acaba de hacer efectivo. El pasado 15 de octubre la juez del llamado caso Aneri lo solicitó de forma preventiva para una treintena de cuentas bancarias de tres de los principales implicados: José Luis Aneri y dos excargos de la Cámara de Comercio, Alfonso Tezanos y su socio Víctor Porta.

La titular del juzgado de Instrucción número 9, que investiga el presunto fraude en los cursos de formación, solicitó el embargo preventivo de 36 cuentas de cuatro entidades diferentes vinculadas a los supuestos cabecillas de la trama. En el auto del pasado 15 de octubre, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada Esperanza Collazos Chamorro detalla esas cuentas. La mayoría corresponde al entramado de empresas que se fue tejiendo para captar ayudas públicas de formación a través de cursos que no siempre se llevaron a cabo. Entre los embargos también constan cuentas particulares.

Dieciséis de ellas corresponden a las diferentes empresas creadas por el empresario cordobés José Luis Aneri, sobre el que no consta el embargo de ninguna cuenta personal en este auto.

En el caso del empresario Alfonso Tezanos, antiguo hombre fuerte de la patronal madrileña que presidió la comisión de formación de la Cámara de Comercio de Madrid hasta que tuvo que dimitir por este caso, aparecen ocho cuentas relacionadas con sus empresas y tres personales. En una figura su esposa, Susana Granados, también detenida por la presunta estafa.

Otras siete cuentas corresponden a Víctor Porta, socio de Tezanos que fue además vicepresidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Comercio madrileña. Una está a nombre de Joaquín Aneri, hermano y empleado del empresario cordobés. La que falta corresponde a Tania Ángel Mosquera, relacionada con una de las empresas de Porta.

El caso, que llevaba meses atascado en los juzgados, ha tomado un nuevo impulso tanto judicial (un auto ordena identificar a la cúpula de Empleo de la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2014) como político. Será uno de los escándalos que trate la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid que ya ha echado a andar y que abordará este tema después de Navidad.

Alzamiento de bienes

Durante meses ha habido poco movimiento en el juzgado. Con el dinero presuntamente defraudado, Aneri compró un chalé de 1.042 metros cuadrados en Córdoba que pudo cambiar de manos sin impedimento alguno, pese a que los agentes de la UDEF que investigaron el caso solicitaron en marzo de 2014 que se le impidiera hacer operación alguna con la vivienda. El juzgado dio orden de protegerla solo durante tres meses, del 26 de mayo al 19 de agosto de 2014. Pasado ese periodo, Aneri cambió la titularidad de la vivienda en enero a favor de su nueva esposa. En una providencia firmada el pasado 14 de octubre, la juez solicita que se incoe un nuevo procedimiento contra él, esta vez por haber cometido, supuestamente, un delito de alzamiento de bienes.

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