Blasco y otros tres ex altos cargos, condenados a pagar 1,6 millones

El exconsejero Rafael Blasco, en prisión por malversar fondos destinados a la cooperación al desarrollo, tendrá que abonar 1,6 millones de euros a la Generalitat por los mismos hechos. El Tribunal de Cuentas ha condenado a Blasco y otros tres ex altos cargos del Consell, además de a dos empresarios, a pagar de forma solidaria la cantidad al Gobierno autonómico.

Los otros condenados por malversación contable son el exsubsecretario Alexandre Català, condenado a cuatro años y medio de cárcel; el exjefe de área Marc Llinares, que fue absuelto por el Tribunal Supremo; la ex secretaria general Tina Sanjuán, que cumple una pena de seis años en la cárcel de Picassent (donde se encuentra Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel); el empresario codirector de la trama Augusto César Tauroni, sentenciado a seis años de prisión, y Marcial López, presidente de la Fundación Cyes, que se utilizó para desviar las ayudas, condenado a tres años y nueve meses de cárcel.

La Generalitat reclamaba inicialmente 1,9 millones de euros, pero el Tribunal de Cuentas ha dejado la condena en 1,63 millones de euros, además de los intereses y el pago de las costas. Al ser una condena solidaria, el Gobierno autonómico puede reclamar la cantidad completa a varios o a un solo acusado si los demás resultan insolventes. La Fundación Cyes y la empresa Arcmed son declarados responsables subsidiarios.

La condena se refiere exclusivamente a la malversación de 1,6 millones de euros destinados a proyectos de desarrollo en Nicaragua, de los que solo llegaron al país centroamericano 47.953 euros, menos del 3% del total. El resto fue destinado a la compra de pisos y plazas de garaje en Valencia. Los condenados, y una veintena de personas más están también imputadas en otras dos piezas del caso, que ahora investiga el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia.

"Los hechos", señala el Tribunal de Cuentas respecto a la condena monetaria, "constituyen un supuesto de malversación de caudales públicos al quedar acreditado que el comportamiento desplegado por los demandados propició la salida de fondos, con el consiguiente perjuicio de los mismos, y su aplicación a usos ajenos, al ser beneficiarias de las subvenciones personas particulares, que las han destinado a sus usos propios y no a las finalidades a las que debían ser aplicados".

El tribunal añade que, en contra de lo alegado por la defensa de Blasco, la malversación contable "no solo puede determinarse cuando se produce la sustracción de los fondos, sino también cuando se consiente para que se verifique, o aplique a usos propios o ajenos por parte de quien los tenía a su cargo".

Al exconsejero y exportavoz del PP en las Cortes valencianas se le reprocha también que una vez iniciado el llamado expediente de reintegro de los fondos -cuando se descubrió que habían ido a un fin distinto del previsto- "no resolvió, ejecutó, ni ordenó como máximo responsable la revocación de la subvención, ni el reintegro de las cantidades defraudadas, ordenando la elaboración de un dossier para la fiscalía que no era fiel reflejo del expediente original y que había sido alterado".

Colaboradores

Sobre los subordinados de Blasco dentro de la cúpula de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, la sentencia fechada el 12 de noviembre señala que dieron su colaboración interviniendo "a medida que los expedientes seguían su curso natural, falseando, alterando los documentos y facturas que habían sido presentados".

El objetivo, agrega, era "dar una apariencia de legalidad con el único empecinamiento de otorgar las subvenciones a una entidad", la Fundación Cyes, "que no reunía ni acreditaba los requisitos exigidos en la convocatoria. Y que pese a no justificar el destino de los fondos para la finalidad para la que se concedieron, no exigieron su reintegro".

Además de los dos proyectos para Nicaragua concedidos en 2008 y ya juzgados, el caso Blasco tiene una pieza separada en la que se investigan decenas de ayudas al desarrollo financiadas por la Generalitat en 2009, 2010 y 2011. Y una tercera pieza centrada en la construcción, presuntamente fraudulenta, de un hospital en Haití tras el terremoto que sufrió hace cinco años.