Jordi Pujol hijo cobró por trabajos que “cualquiera con internet haría”

Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán y supuesto “cerebro” familiar del blanqueo de capitales, percibió 11,5 millones de euros de empresarios por gestiones que “podía haber realizado cualquier persona con acceso a internet”. En un informe de la Policía entregado al juez de la Audiencia Nacional que indaga el caso Pujol —al que ha tenido acceso EL PAÍS—, los agentes concluyen que las supuestas “asesorías” de Júnior no existieron y solo encubrieron el cobro de “comisiones ilícitas con el trasfondo de la actividad pública”.

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sirvió al juez José de la Mata para ordenar, el 27 de octubre, el registro en domicilios y empresas de la familia Pujol, incluida la vivienda del patriarca en Barcelona. Tras la Operación Hades, otros dos hijos del expresidente (Josep y Pere) fueron imputados en la causa que, desde hace tres años, escudriña los negocios de Jordi Pujol Ferrusola.

La Policía destaca, en ese informe, las “relaciones cruzadas” entre las empresas de algunos de los siete hermanos y denuncia la “madeja tejida por este grupo de raigambre familiar”. Aunque han variado los métodos con el tiempo, los Pujol han mantenido “el mismo espíritu”: el cobro de comisiones ilegales, “acreditado fehacientemente en algunos casos concretos”.

El documento se centra en uno de esos casos: el que vincula al primogénito y a Carles Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de Convergència. Sumarroca es uno de los diez empresarios imputados por pagar grandes sumas (11,5 millones en total) a Júnior a cambio de la adjudicación de obra pública durante los 23 de Gobierno de Jordi Pujol. Esas mordidas se camuflaban, según los investigadores, con “asesorías” o “gestiones” del hijo mayor en los más diversos negocios.

La Policía analiza con minuciosidad los pagos de la empresa Emte (controlada por Sumarroca) y cree que las explicaciones dadas por el empresario ante el juez son un “sinsentido”. Las comisiones rogatorias enviadas a la justicia española por Reino Unido y Andorra han arrojado luz sobre algunas de las operaciones bajo sospecha.

Júnior cobró 351.000 euros por asesorar a Emte en un “proyecto” en Francia. La promotora no contractó directamente a Pujol sino que lo hizo a través del ciudadano británico Herbert Rainford, que “no tendría formación ni experiencia en ese campo”. Los investigadores le consideran uno de los testaferros de Júnior. Éste recibió el dinero como una “comisión ilícita” a cambio de “sus usuales actividades como conseguidor en el ámbito político, que vendría desarrollando desde hace muchos años”. Sumarroca entregó al juez documentos de la operación, pero la Policía considera que esa “colaboración desinteresada con la justicia” se produjo solo cuando el juez pidió al Bank of Ireland información sobre Rainford.

Júnior también cobró de Sumarroca (154.048 euros) por sus “servicios de consultoría” para la “prospección y eventual implantación en México de Emte o de alguna de sus filiales”. El empresario aportó documentos y citó una serie de “gestiones concretas” para avalar la bondad de esos trabajos. Pero la Policía no le cree porque esas gestiones, dice, las habría podido hacer cualquiera con un ordenador.

Sobre ese segundo proyecto, Sumarroca llegó a citar el nombre de un empresario mexicano (Carlos Riva) que sería la persona de contacto de Júnior en aquel país. Los agentes tampoco le dan ningún crédito porque el primogénito le ingresó diversas cantidades en una cuenta de Andorra e invirtió otros dos millones de euros a una empresa a la que estaba vinculado Riva para participar “en el negocio de los casinos en México con dinero negro”. El testimonio de Riva, concluye el informe, “estaría viciado por su incuestionable confusión de intereses”.