Los impagos de Salud amenazan las nóminas de los centros sociosanitarios

Los retrasos de la Generalitat en los pagos a hospitales y centros sociosanitarios concertados han puesto en jaque a todo el sector. Como continúe la dinámica de demora en los pagos —la Generalitat sólo abonó el 66% de la factura del mes de octubre y alcanzó los 120 días de retraso—, alrededor de una veintena de centros sociosanitarios no podrán pagar las nóminas de noviembre a sus empleados. A la espera de que el Gobierno central dé luz verde a una partida extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) bloqueada desde el pasado mes de mayo, las patronales de la red concertada han vuelto a dar la voz de alarma. Las empresas advierten de que se les han agotado las dos alternativas con las que intentaban capear el temporal durante los últimos años: las entidades bancarias han dejado de conceder líneas de crédito a los centros y estos tampoco pueden seguir retrasando por más tiempo el pago a los proveedores. Si la Generalitat no paga este mes, alertan, peligran los sueldos de cientos de trabajadores.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el órgano encargado de desbloquear la partida extraordinaria del FLA, todavía no ha tomado una decisión. “Vivimos pendientes de los jueves [es el día de la semana en el que se reúne esta comisión]. Pero ahora mismo tenemos que afrontar la situación sin el FLA y las dos Administraciones tienen que hacer por entenderse y encontrar una solución”, apunta Cristina Contel, presidenta de la patronal ACES.

La contratación del Departamento de Salud al sector sanitario concertado —que engloba más de medio centenar de hospitales, toda la red sociosanitaria y el 20% de la atención primaria pública—, supone unos 4.400 millones de euros anuales, esto es, un 53% del gasto total del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). La factura mensual de los conciertos ronda los 350 millones. “Como esto siga así, muchos ya han avisado de que no podrán pagar a su gente”, reiteran fuentes del sector.

Las cuatro grandes organizaciones empresariales (ACES, La Unió, CSC y ACRA) reconocen que sus asociados están al límite. Aplazar los pagos a proveedores y pedir líneas de crédito fueron las tiritas que utilizaron en los últimos meses para no tener que tocar las nóminas de sus trabajadores, pero la situación se ha vuelto “insostenible”, aseguran. “Estamos trabajando para que se solucione y no tener que sufrir un impago de nóminas. Por ahora la única alternativa era aplazar los pagos a los proveedores, pero es una medida que nos sabe muy mal porque ellos también tienen nóminas que pagar y lo están pasando muy mal”, reflexiona Cinta Pascual, presidenta de ACRA.

Las patronales han optado por retrasar también los pagos de la Seguridad Social, pese a que ello les supone luego un recargo del 20%. “Estamos hablando con todos, a ver si se puede hacer algo: con el Departamento de Economía, con la Seguridad Social y con los bancos, pero las entidades bancarias no se ven ahora tampoco en disposición de asumir los 350 millones de euros al mes de concierto”, explica Contel.

Los responsables de las patronales coinciden en que la “desesperación y la impotencia” impregnan el ambiente entre sus asociados. “Se sienten impotentes porque ven que no pueden hacer nada y las Administraciones utilizan este tema como un arma arrojadiza y una medida de presión entre ellas”, concluye la presidenta de ACES.

La situación de los farmacéuticos catalanes, los primeros en sufrir y alertar sobre los impagos de Salud, también sigue estancada y con los peores pronósticos. Desde que en 2011 sufrieran los primeros retrasos en el cobro de los medicamentos que dispensan, el goteo de farmacias que sucumben a las deudas no ha cesado. Según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) ya son 22 las boticas que “están en concurso de acreedores, en venta por problemas económicos, cerradas temporalmente o cerradas definitivamente”.

Los farmacéuticos comenzaron la semana pasada una campaña de concienciación para denunciar los retrasos e informar a sus clientes de los impagos de la Generalitat. El Gobierno catalán acumula un retraso de cuatro meses con las farmacias y debe ahora mismo a los boticarios 334 millones de euros correspondientes a las facturas del mes de julio (121,5 millones), agosto (100 millones) y septiembre (112,5 millones) de este año.