La república que viene

Hay debate estos días en Cataluña alrededor de la solemne declaración parlamentaria para romper amarres con España. El lunes, la independencia, en versión declaración de intenciones, llamará a la puerta de la Cámara catalana. La desconexión comienza la anhelada cuenta atrás. Los ciudadanos podrán disfrutar de la primera entrega de soberanismo amable que Convergència y Esquerra han diseñado. ¿Será realmente esa futura república, enunciada por Carme Forcadell, territorio libre de corrupción? ¿Caerán en la Cataluña floreciente los consejeros expertos en extirpar partidas presupuestarias? ¿Primará la economía productiva sobre la especulativa? ¿Se pagarán más impuestos porque la nueva agencia tributaria tendrá patrones —como aseguran sus impulsores— “colaborativos y no coercitivos”? ¿La Administración de nueva planta será rápida, eficaz y modélica en Europa?

La respuesta a todas esas preguntas es sí, porque la relación de beneficios que en el plano de las promesas comportará la independencia es larga. El problema es que mientras llega el nuevo mundo, las termitas devoran a algunos de quienes más han hecho para alumbrarlo. Se suceden los registros en las sedes de Convergència y en las viviendas del clan Pujol en busca de rastros del 3% o de comisiones. ¿Operación de Estado? ¿Leviatán ha desatado calculadamente su lluvia de ira y fuego? Son preguntas frecuentes entre los ciudadanos, que ven como la Guardia Civil entra en las sedes de Convergència y sale de ella con montones de cajas. ¿Lo hace porque CDC es independentista? Los convergentes dicen que sí, pero lo cierto es que los agentes del Instituto Armado no entran en las sedes de Esquerra o la CUP. La corrupción estaba en CDC como yesca, presta a arder.

En ese contexto, el nacionalismo antes conservador trata de vender que el viejo mundo tiene los días contados. La nueva Convergència asegura que todo está cambiando. Su autonomismo es ya independentismo. Las corbatas han desaparecido —un signo de proletarización— de los otrora insignes cuellos de gestores tecnócratas. Las cabezas de Puig, Boi Ruiz o Rigau van a rodar, como si de cordeliers se tratara, bajo la furia revolucionaria de Robespierre. Son exigencias del guión o, en clave poética, tributos al altar de la república. El portavoz de Convergència Jordi Turull compareció el viernes ante los medios para explicar un anexo de medidas sociales a la resolución independentista. Y CDC, de la noche a la mañana, está dispuesta encabezar el Sóviet de Petrogrado con tal de que Artur Mas sea presidente: renegociar la deuda para priorizar las partidas sociales, ofrecer cobertura sanitaria sin necesidad de estar empadronado o hacer saltar por los aires la ley de Estabilidad Presupuestaria, esa que la propia CiU votó en 2012 para imponer un techo de déficit. No hay que reparar en gastos. Esos son los medios que tienen como noble fin que la CUP se ablande.

¿Será realmente esa futura república territorio libre de corrupción? ¿Caerán en la Cataluña floreciente los consejeros expertos en extirpar partidas presupuestarias?

Hay que darse prisa y borrar lo que hasta ayer mismo fue Convergència. Pero la realidad es testaruda: el Gobierno catalán adjudicó el pasado 5 de agosto servicios de consultoría por “procedimiento negociado” —es decir sin publicidad y sin competencia— por 80 millones de euros en vísperas electorales. Y mientras la Generalitat valenciana cada día se persona como acusación en un nuevo caso de corrupción, su homóloga catalana se retiró el pasado mes de octubre de la causa contra el exgerente de la Agencia Catalana del Agua, Josep Lluís Quer. Ahora bien, lo que se ahorran no acusando a Quer corren el riesgo de gastárselo defendiendo al expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat. El garantista consejero de Justicia, Germà Gordó, y el de Salud, Boi Ruiz, deben unas minutas al abogado Xavier Melero, quien indignado escribía en un mail de 2012: “Nunca me hubiese imaginado que esto acabaría de esta manera: yo pagando por cuenta de la Administración y sin cobrar nada después de pasearme por todas las fiscalías de Cataluña”. Ahora el juez quiere saber si el consejero Gordó, hombre sensible que ha dado el tercer grado penitenciario a renombrados condenados de cuello blanco, ha pagado con dinero público la defensa de un supuesto malversador, blanqueador de capitales, tráfico de influencias o soborno.

No hay que reparar en minutas si el proceso soberanista avanza. Pero, un momento, ¿de qué república hablamos? Habrá que examinar el catálogo a fondo para no constreñir la imaginación al modelo amalfitano o el veneciano, en los que las grandes familias se repartían el próspero negocio del poder.