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OPINIÓN

Más allá del 3%

¿Imaginan cuán mejores infraestructuras, comedores escolares, procesos y servicios tendríamos si se los hubiéramos encargado a los verdaderos ganadores de los concursos, y no a los amiguetes?

La corrupción es un fenómeno curioso. Tanto por los perversos pactos de silencio que genera como por sus consecuencias más allá del volumen de dinero desviado. Por eso, limitar la respuesta a la corrupción a pedir la restitución de lo robado es tan limitado como en gran medida exculpatorio. Por un simple motivo: lo robado es irrestituible.

Empecemos por el impacto social. Los estudios demuestran que la tolerancia con la corrupción está directamente relacionada con la percepción de que uno se beneficia de ella. Es decir, si alguien roba 100, pero de estos 100 algo acaba en nuestro bolsillo o nos beneficia directa o indirectamente, es probable que la corrupción nos parezca tolerable y no la denunciemos. El aumento de denuncias de la existencia de mala praxis en la gestión de lo público en época de crisis responde precisamente a que personas que antes se sentían directa o indirectamente beneficiadas, o esperaban percibir algo a cambio de su silencio, dejan de sentirse cuidados. Evidentemente, siempre existirán los alertadores capaces de levantar la liebre incluso pudiendo optar por chupar del bote, pero en nuestro país estos actos heroicos no solo son escasos, sino que no contamos con mecanismos de reconocimiento social ni amparo legal de sus protagonistas. A nivel social, la existencia de bolsas de población que es más o menos consciente de participar de un fraude que impacta sobre la calidad de vida del resto acaba articulando formas específicas de relación social, descohesionando la sociedad y creando mecanismos antisociales de competencia por acercarse a los nodos de distribución de favores. Tonto el último.

En términos económicos, el tipo de corrupción que parece haberse instalado en la España y la Cataluña del post-franquismo, basada en la financiación ilegal de intereses privados (de partido e individuales) a través del cobro de comisiones por la concesión de obra pública no sólo ha mermado las arcas públicas, sino que ha introducido distorsiones en el modelo productivo cuyo impacto es más fácil de calcular en generaciones que en dinero.

En la dinámica del 3%, las empresas de nuestro país que han querido optar a contratos públicos no han recibido ningún incentivo para destacar en base a la innovación o utilidad de sus servicios o productos, sino que se les ha pedido que jueguen a otro juego —el de vender silencio y falsificar facturas. Si el único criterio para comprar un producto o servicio es el tamaño de la comisión, ¿qué importa si el producto es el mejor o el peor? Cuando lo importante son las prebendas, el mejor aceite es siempre el de colza, el mejor cemento el que tiene aluminosis y el mejor puente el de Calatrava. Como estas condiciones no se hacen públicas en el BOE ni en el DOGC, la forma de acceder a las verdaderas mesas de negociación ha sido el cultivo de la proximidad con el poder y sus brokers o tesoreros. Esta forma de selección de los proveedores olvida a todas aquellas empresas y personas sin acceso a estas redes de proximidad o sin voluntad de encubrir la corrupción. Deja en la cuneta la capacidad de innovación del país, que se ve obligada a abandonar o emigrar.

¿Imaginan cuán mejores infraestructuras, software, estudios de impacto ambiental, comedores escolares, procesos y servicios tendríamos si se los hubiéramos encargado a los verdaderos ganadores de los concursos públicos, y no a los amiguetes? ¿Quién nos devolverá el talento desperdiciado de la generación mejor preparada de la historia de nuestro país, a quien se le ha negado la posibilidad de participar de nuestra economía? Incluso cuando la capacidad de innovación de nuevos actores no corrompidos ha conseguido escapar al ostracismo, la alianza de donantes y donados ha creado mecanismos legales para quitárselos de encima. Véase el caso de las energías renovables, ahogadas en leyes absurdas. Ya nos advirtieron de que romper pactos de silencio puede salir muy caro —si cae una rama, caen todas.

Finalmente, la corrupción aumenta la desigualdad y pervierte la progresividad del sistema fiscal. Como los beneficios de la corrupción tienden a repartirse entre grupos sociales bien conectados con el poder y por lo tanto con ingresos superiores a la media, los amiguetes son los que consiguen los contratos más lucrativos, y se cargan por el camino la capacidad pública para distribuir los recursos y la carga fiscal de forma eficiente. Cada punto de aumento de la corrupción, de hecho, aumenta en siete puntos el coeficiente GINI de desigualdad. Ahí es nada.

La mala noticia es que el daño ya está hecho y es irreparable tanto en términos sociales como económicos. La buena noticia es que la gasolina de estas dinámicas son nuestros votos, y que en cada votación podemos darnos la oportunidad de volver a empezar.

Gemma Galdón es doctora en Políticas Públicas.