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El ‘arquitecto’ del 3% guardaba 80.000 euros en la caja fuerte

La fiscalía atribuye a Rosell un papel fundamental en la organización de la trama

Josep Antoni Rosell, a su llegada a los juzgados de El Vendrell
Josep Antoni Rosell, a su llegada a los juzgados de El Vendrell.

El misterio generado en torno a la caja fuerte del alto cargo de la Generalitat detenido por la trama del 3% ha quedado desvelado hoy: Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures.cat, guardaba 80.000 euros en efectivo en la caja que, presuntamente, entregó a un amigo tras los registros en la fundación de Convergència (CatDem) del pasado mes de agosto. El juez que investiga el pago de comisiones al partido abrió hoy la caja fuerte y dos maletines con documentación en presencia de Rosell, que permaneció en silencio.

Rosell, que está en libertad con cargos, fue uno de los 12 detenidos la semana pasada en el caso 3%. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye un papel fundamental en la trama: el número dos de Infraestructures.cat —la mayor licitadora de obra pública de la Generalitat— daba instrucciones, presuntamente, para modificar las puntuaciones técnicas de las ofertas que se presentaban a concurso. De esa forma, beneficiaba a aquellas compañías que hacían donaciones a las fundaciones controladas por el partido (CatDem y Fundació Barcelona Fòrum). Las empresas camuflaban como donaciones lo que, en realidad y según la investigación, eran mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

La historia de la caja fuerte arranca el 28 de agosto de este año, cuando la Guardia Civil registró por primera vez el despacho del tesorero de Convergència, Andreu Viloca, (también detenido la semana pasada) en busca de indicios sobre las comisiones. Pocos días después de esa operación, Rosell entregó la caja a un amigo. Éste, a su vez, la puso a disposición de la Guardia Civil tras saber que Rosell había sido detenido.

Maletines con papeles

Rosell no declaró ante el juez de El Vendrell tras ser detenido la semana pasada. Ayer, mantuvo su silencio. Con ayuda de un cerrajero, el juez abrió la caja fuerte y comprobó que en su interior había 80.000 euros en efectivo. El alto cargo de Artur Mas no respondió a las preguntas del juez sobre si ese dinero le pertenecía. El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigarán tanto la pertenencia como el origen de ese dinero en metálico.

Dos de los cuatro maletines atribuidos a Rosell también se inspeccionaron ayer. En ellos se ha encontrado documentación diversa relacionada con los sucesivos trabajos de Rosell tanto en el sector público como privado. Los papeles tienen una horquilla temporal muy grande y van desde la década de los 90 hasta su llegada a Infraestructures.cat, en 2011. Fuentes de la investigación señalan que no se trata de documentos clave para el caso. La diligencia se completará el jueves con la apertura de los otros dos maletines.

La defensa de Rosell, que ejerce el penalista Andreu Van den Eynde, cuestiona la validez, como prueba, de la caja fuerte y de los maletines. Según el letrado, no se ha respetado la cadena de custodia de esas pertenencias.

“El cerrajero quiere cobrar por adelantado”

La apertura de la caja fuerte de Josep Antoni Rosell llevó más problemas de los previstos. Para empezar, el director de Infraestructures.cat no reconoce por ahora que sea suya y guardó silencio cuando los agentes le preguntaron el código para abrirla. Después llegó el turno del cerrajero: la diligencia estaba prevista para las 9 horas, pero no comenzó hasta pasado el mediodía. La gestión de cómo pagar al profesional tampoco fue rápida: “El cerrajero quiere cobrar por adelantado”, dijo un guardia civil. Rosell seguía en silencio.

Rosell es una de las piezas clave del caso junto al tesorero de Convergència, Andreu Viloca, que permanece en prisión provisional por seis delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales. En la operación también fueron detenidos los directivos de siete empresas —todas ellas, donantes de las fundaciones— y el extesorero de CDC, Daniel Osácar. Este último afronta ya una petición de siete años de cárcel en el caso Palau por el mismo motivo: recibir comisiones para el partido a cambio de la adjudicación de obra pública.

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