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Andalucía aprueba una moción para garantizar el acceso al agua

La propuesta de IU incluye prohibir los cortes y asegurar hasta 100 litros por persona y día

Pantano de Lora del Río (Sevilla) Ampliar foto
Imagen del pantano de Lora del Río (Sevilla) evacuando agua.

El Parlamento andaluz ha aprobado, con el apoyo del PSOE, Podemos y Ciudadanos en algunos puntos, una moción de IU que defiende el acceso al agua como derecho humano e insta a prohibir los cortes de suministro por impago y los cánones concesionales (los préstamos de empresas privadas a los ayuntamientos a cambio de la gestión, que les permite recuperar el dinero a través de los recibos). También promueve protocolos de apoyo a los municipios para que recuperen los servicios de agua privatizados y establece un suministro mínimo vital. El PP se abstuvo o votó en contra en la mayoría de las disposiciones. Estos son los principales puntos de la propuesta:

Mínimo vital. Instar a las modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica. En este sentido resulta esencial prohibir los cortes de agua domésticos para aquellos colectivos que no pueden hacer frente a su pago, así como asegurar un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado.

Concesiones. Solo el PP votó en contra de modificar la Ley de Aguas de Andalucía a fin de prohibir la utilización de los cánones concesionales. En caso de no poder prohibir esta modalidad se insta a la regulación de los mismos, de manera que las cuantías ingresadas en las cuentas municipales por este concepto tengan carácter finalista para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras hidráulicas.

Rescate. Crear un servicio dependiente de la Junta de Andalucía dedicado a auxiliar a los entes locales que quieran iniciar procesos de remunicipalización del servicio del agua. Rechazo a los procesos de privatización de la gestión del agua en Andalucía, por ser un modelo más gravoso para la ciudadanía, medioambientalmente insostenible, escasamente transparente, excluyente y que provoca una absoluta pérdida de control por parte de las administraciones públicas sobre la gestión de este servicio básico.

Pacto social. Adhesión al Pacto Social por el Agua y su compromiso con los contenidos y acciones recogidos en dicho acuerdo, fundamentado en el acceso al agua como derecho humano recogido por la ONU. Este acuerdo defiende como premisas de gestión la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social.

Obras públicas. Establecimiento de acuerdos de colaboración con los operadores públicos de agua que conlleve la adopción de un plan que promueva inversiones urgentes en saneamiento y depuración para la culminación de las 300 obras de interés de saneamiento y depuración en la Comunidad. En el convenio se encomendará a las Sociedades Gestoras Públicas la realización de determinadas infraestructuras de depuración de interés de la Comunidad Autónoma y se determinarán las modalidades y formas de contratación de infraestructuras, así como el grado de implicación de cada una de las partes en el inicio, control y desarrollo del expediente de contratación, sin que el papel de los entes locales pueda verse reducido, de plano, a una mera subrogación en un contrato licitado por la Junta de Andalucía.

Observatorio. Se creará, de manera urgente, el Observatorio del Agua, que ha de encargarse de analizar los recursos hídricos de Andalucía y de proponer la planificación de su uso para garantizar la sostenibilidad desde los ámbitos humano, social, económico y ambiental. Este organismo velará por que las tarifas aplicadas sean homogéneas para todo el territorio (es decir, que se contemplen los mismos conceptos), transparentes, socialmente aceptables y económicamente sostenibles para las entidades gestoras. También controlará la calidad de los servicios.

Otras medidas. Disponer de información detallada de consumos y recursos, elaborar campañas de ahorro, eliminar pérdidas, garantizar el cumplimiento efectivo del régimen de caudales ambientales, recuperación urgente del acuífero 27 de Doñana, que el Gobierno español cumpla lo dictado por la Unesco en relación al Dragado del Guadalquivir, revisar todas las concesiones por modernización de regadíos, reforzar la investigación y la transferencia de tecnología, evaluar el plan de prevención de avenidas e inundaciones

Rechazado. Solo se quedó sin aprobar, con los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos, establecer una moratoria sobre los proyectos de trasvases y grandes presas en Andalucía, atendiendo al criterio de no deterioro establecido en la DMA, abriendo un período de reflexión y diálogo, tanto a nivel técnico como social y político, que permita calibrar en toda su dimensión los impactos y conflictos que generan estas infraestructuras.

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