El juez investiga la destrucción de un yacimiento neolítico de tres hectáreas

La construcción de un centro comercial en Coslada se ha llevado por delante gran parte del yacimiento arqueológico de El Calvario (30.000 metros cuadrados), con restos del paleolítico y neolítico. La Comunidad abrió un expediente sancionador al municipio por infracción muy grave y el Juzgado de Instrucción número 3 de Coslada ha abierto una investigación, que se encuentra en diligencias previas. El Ayuntamiento solicitó en 1991 la declaración de Bien de Interés Cultural de la zona, pero años más tarde cambió de opinión, modificó el uso de la parcela y otorgó autorización para realizar un movimiento de tierras.

Del yacimiento arqueológico El Calvario, en Coslada, solo queda un gran agujero. La mayor parte de los vestigios del neolítico y del paleolítico que atesoraba la zona ha sucumbido ante la decisión municipal de levantar en esos terrenos un centro comercial, que todavía no se ha edificado.

La pérdida se ha producido a pesar de que el municipio tenía muy claro en 1991 que era necesario proteger al máximo los terrenos. Para ello solicitaron la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del entorno. Un convencimiento que cayó en el olvido años más tarde, aunque el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya había incluido al yacimiento en esa categoría de forma preventiva, hasta que se diera el visto bueno definitivo.

De esta forma, se pasó de la protección a dar permiso a la empresa propietaria de la parcela para realizar un movimiento de tierras, lo que provocó la destrucción de “una parte considerable del yacimiento arqueológico”, indica la Fiscalía de Medio Ambiente. El Consistorio les dio el permiso por acuerdo de la Junta de Gobierno, previos informes municipales de carácter técnico y jurídico. Documentos que, aclara la Fiscalía, salieron adelante sin que se hiciera “referencia de ningún tipo al yacimiento arqueológico ni a la necesidad de solicitar autorización a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid”. Era obligatorio porque la parcela, de 27.945 metros cuadrados de superficie, estaba ubicada dentro de la zona arqueológica.

El 30 de julio de 2012, continúa el relato de la Fiscalía, una inspección técnica de Patrimonio Histórico examinó la zona. Los funcionarios comprobaron que la parcela se encontraba completamente vaciada hasta una profundidad superior a los 10 metros y con los muros pantalla y de contención de las plantas previstas bajo rasante ya ejecutados. El daño estaba hecho.

La Fiscalía advierte de que las obras se permitieron pese a que el informe técnico hacía referencia a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio en 1995, en el que se requería “expresamente” la autorización de Patrimonio Cultural “para cualquier obra o remoción de terreno que se pretenda realizar en la zona”.

Ante estas irregularidades, la Comunidad de Madrid abrió el 5 de julio de 2013 un expediente al Ayuntamiento, que era quien había otorgado las licencias. Se trataba de determinar si se había cometido una infracción administrativa muy grave, que sería aquella que produjera la pérdida, destrucción o daños irreparables en los bienes culturales.

El 17 de febrero de 2014, el Ejecutivo regional suspendió el procedimiento y comunicó las actuaciones a la Fiscalía, que había abierto diligencias de investigación. Finalmente, la Fiscalía determinó que existían indicios de responsabilidad penal, debido a que el yacimiento, “cuya importancia fue puesta de manifiesto por todas las intervenciones realizadas en años anteriores, no podía pasarse por alto a los responsables municipales”.

El informe judicial sostiene también que no se podía atender al argumento “puramente formal” esgrimido por el Consistorio respecto a la posible caducidad del expediente de declaración de BIC. “En cualquier caso”, concluye, “no podía obviar el hecho incontestable de la existencia del yacimiento”.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Coslada abrió un procedimiento que se encuentra en diligencias previas. El juez ha remitido toda la documentación recabada a la Fiscalía, que será la encargada de determinar quienes son los presuntos responsables.