Fomento reclama a 3.000 jóvenes que devuelvan las ayudas al alquiler

El Ministerio de Fomento ha reclamado este verano a unos 3.000 jóvenes de Cataluña la devolución de las ayudas correspondientes a la Renta Básica de Emancipación (RBE) recibidas en años anteriores con unos intereses del 5%. Estos beneficiarios, que según la Generalitat suponen hasta el 8% de los que obtuvieron la prestación mensual de 210 euros, sobrepasaron el límite de 22.000 euros de ingresos al año permitidos para percibir la subvención.

A pesar de que la RBE, instaurada por la exministra de Vivienda Carme Chacón, fue suprimida por el Gobierno del PP en 2013, esta seguía abonándose a quienes ya la percibían y seguían teniendo derecho a ella. Sin embargo, su diseño ha sido polémico desde el primer día. En verano de 2010, tras la campaña de la renta de 2009, el Ministerio de Vivienda avisó por mensaje de móvil a más de 8.000 jóvenes de que debían devolver la ayuda al alquiler que les había sido otorgada por sobrepasar el límite de 22.000 euros anuales que da derecho a percibirla.

Esta situación ha vuelto a repetirse este año. Según informó ayer Rac1, unos 3.000 jóvenes recibieron entre junio y septiembre una carta de la Generalitat en la que la Administración les reclamaba la devolución de todo el dinero que habían recibido más un interés que ronda el 5%. Ello que cada joven afectado debe abonar una media de entre 2.000 y 2.500 euros. El Ejecutivo catalán, sin embargo, señaló que era un mero mediador. “Lo hemos tenido que hacer siguiendo las instrucciones del Ministerio de Fomento”, resaltó el secretario de Vivienda, Carles Sala.

La Generalitat, ya en la época del tripartito, ha sido muy crítica con el sistema que se emplea para otorgar la RBE. Esta se otorga de acuerdo con los ingresos previstos por la nómina. Posteriormente, la Administración comprueba a través de las declaraciones de la renta que los beneficiarios no superen el umbral de los 22.000 euros y, en caso de que ello suceda, los beneficiarios deben retornar todas las ayudas con un interés. Muchos jóvenes, según fuentes de la Administración, han rebasado esa cantidad por haber hecho horas extra, una bonificación imprevista de su trabajo e incluso por haber percibido una indemnización tras haber perdido su puesto de trabajo.

Sala abundó en que las ayudas están “mal diseñadas” al no estar basadas en los ingresos del año en curso y al ser lineales, es decir, en todos los casos de 210 euros —aunque algunas son inferiores porque fueron rebajadas por el Ejecutivo central—. El Ministerio de Fomento no quiso confirmar la cantidad de afectados, pero fuentes del departamento que dirige Ana Pastor aseguraron que cada comunidad es “competente en conceder y revocar” las ayudas al alquiler y recordó que la Administración autonómica debe “comprobar con regularidad” que los beneficiarios cumplan “con los requisitos”. En caso contrario, estas deben reclamar el reintegro de la ayuda.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que encabeza Santi Vila, recibió ayer otro jarro de agua fría del Gobierno central. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunicó a la Generalitat en una carta que prevé recurrir ante el Tribunal Constitucional ley derivada de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, que incluye el alquiler social obligatorio, la dación en pago y el realojo inmediato.

Nueve meses de plazo

El Ejecutivo central alega que la ley atenta contra el concepto de propiedad que fijan la Constitución y el Código Civil. Fuentes de la Generalitat aseguraron que de momento se ha convocado la comisión bilateral, por lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene tiempo hasta mayo para recurrirla. Los impulsores de la norma, entre ellos la PAH, resaltaron que consideran que esta es constitucional.

Lo mismo planea hacer el Gobierno central con el impuesto a los pisos vacíos de entidades financieras. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, aseguró en un comunicado que la Generalitat mantendrá en vigor ambas leyes y combatirá “la amenaza que ha formulado el Gobierno del PP, que deja estas leyes colgando de un hilo”.