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Barcelona lamenta que ingresará 21,4 millones menos del Estado

Pisarello critica la “la opacidad de criterios” en el reparto de los fondos de los PGE

Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde de Barcelona.
Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona criticó ayer en un comunicado la reducción de fondos de los Presupuestos Generales del Estado del 2016 para la ciudad, que cifra en 21,4 millones de euros. El primer teniente de alcalde del ayuntamiento y responsable de Economía, Gerardo Pisarello, lamentó “la opacidad de criterios” en el reparto de los porcentajes de la recaudación del Estado en impuestos y censuró el recorte en el importe del Fondo Complementario de Financiación adjudicado a Barcelona para 2016.

El Ayuntamiento señaló que apoya las enmiendas de la Federación Española de Municipios y Provincias para reclamar que los Presupuestos Generales del Estado 2016 incluyan la prórroga de destino del superávit presupuestario a inversiones financieramente sostenibles.

Según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno para el próximo año, el Ayuntamiento de Barcelona recibirá un 2,1 % menos que este ejercicio del Fondo Complementario de Financiación (976.778.960 euros frente a 997.778.960) y un 1 % menos de la cesión de impuestos. Barcelona dejará de ingresar, según los cálculos del consistorio, cerca de 21,4 millones.

Pisarello consideró que los PGE “penalizan a Barcelona porqué prevén una dotación económica menor que en años anteriores”. El primer teniente de alcalde lamentó: “No estamos ante unos presupuestos transparentes ni una distribución justa, desde el momento en que no se conocen los criterios para adjudicar los porcentajes de impuestos y cada año se vive el reparto de esta cuantía como una lotería entre ciudades y comunidades autónomas”.

La ciudad obtiene recursos del Estado a través del modelo de financiación local de cesión de rendimientos de impuestos estatales, previsto para las ciudades de más de 75.000 habitantes, capitales de provincia o de comunidad autónoma. Recoge la cesión de porcentajes de la recaudación del IRPF, IVA e impuestos especiales, que cada año decide el Gobierno.