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El juez cita como imputado al portavoz del PP en las Cortes Valencianas

El instructor implica también a Alfonso Grau en el caso del Puerto de Valencia

El magistrado tendrá que inhibirse a favor del TSJ al ser Bellver aforado

El portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver, ayer, en las Cortes.
El portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver, ayer, en las Cortes.

El juez que investiga supuestas irregularidades en el puerto de Valencia ha citado a declarar como imputado al portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Jorge Bellver, y al que fuera mano derecha en el Ayuntamiento con Rita Barberá, Alfonso Grau, que está pendiente de ser juzgado en el caso Nóos.

Los implicados han guardado silencio, mientras que una portavoz del PP de la Comunidad Valenciana ha señalado que llegado el caso se les aplicarán las medidas previstas en los estatutos, que contemplan la expulsión si se les abre juicio oral.

El titular del juzgado de Instrucción número 14 de Valencia investiga el puerto de Valencia por las obras realizadas para la celebración del circuito urbano de Fórmula 1 y por los supuestos delitos de malversación y prevaricación que habrían cometido Rafael Aznar, recientemente destituido como presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, y otros exresponsables de la misma.

En principio, las obras de ingeniería para adaptar el puerto de Valencia al paso de los coches de Fórmula 1 tendría que haberlas pagado Valmor Sport, una sociedad que dirigía el expiloto Jorge Martínez Aspar. Pero fue el puerto el que las pagó. Valmor Sport es, a su vez, objeto de una investigación judicial distinta en la que está imputado el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps. Según la fiscalía la empresa privada Valmor sirvió de pantalla a Camps para evitar las normas públicas de contratación al hacerla aparecer como organizadora del Gran Premio cuando en realidad fue la Administración autonómica la que corrió con los gastos.

En el caso de Bellver, al ser miembro del Parlamento autonómico podrá acogerse a su condición de aforado, lo que obligará al magistrado a elevar una exposición razonada de motivos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano para que sea este órgano judicial el que, en caso de aceptarlo, lo interrogue. La líder del PP valenciano, Isabel Bonig, ha evitado entrar a valorar el caso concreto debido a que tendrá que ser el Tribunal Superior el que se pronuncie. "Vamos a esperar", ha declarado.

Bonig ha afirmado que el PP mantiene las "líneas rojas" contra la corrupción que dibujó el anterior presidente de la Generalitat valenciana y del partido, Alberto Fabra. Pero mientras en esta etapa la imputación bastaba, en principio, para que un cargo público tuviera que abandonar el cargo, una portavoz de la formación ha apelado este viernes al "acuerdo" alcanzado "por el PSOE y el PP en Madrid" según el cual el momento clave para que alguien no pueda seguir en su puesto "es la apertura de juicio oral". Previamente, cuando la imputación sea "firme", se procederá a abrir un expediente informativo.

Bellver ya fue juzgado en el Tribunal Superior en 2011 por su etapa como responsable de urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia. El ahora portavoz parlamentario fue absuelto de la acusación de haber prevaricado en un aparcamiento subterráneo, construido por el empresario Enrique Ortiz, que afectó a un jardín protegido. Los jueces determinaron en la sentencia que no existía ninguna prueba, más allá de indicios generales, contra Bellver.

Grau, por su parte, va a ser juzgado en el caso Nóos por los contratos adjudicados en Valencia al instituto de Iñaki Urdangarin. Y su mujer, María José Alcón, renunció a su puesto en la lista de Rita Barberá en las últimas elecciones locales tras difundirse conversaciones grabadas por el ex alto cargo de la Diputación de Valencia Marcos Benavent en las que ambos hablaban presuntamente del reparto de mordidas a cambio de adjudicaciones.

El juez del caso del puerto ha citado a declarar también al exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón (que también será juzgado en el caso Nóos) y al resto de miembros de la sociedad de capital público Valencia Plataforma Intermodal (VPI) en el año 2004. Aznar y otros dos directivos portuarios cobraron de esta empresa a la vez que lo hacían por su cargo en la infraestructura, lo que el juez considera de forma indiciaria que fue ilegal.

Los motivos de la autorización por parte de los miembros del consejo de Administración de VPI, entre los que se encontraban Bellver, Grau y Lobón de los salarios de Aznar y los otros directivos es uno de los elementos por los que quiere interrogarlos el juez.

VPI tuvo como misión principal la gestión de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia que se construyó sobre el barrio de La Punta, situado al sur de la ciudad de Valencia. Su construcción generó un conflicto social, ya que la zona comprendía viviendas y huerta protegida. El área permanece vacía y sin actividad 10 años después de la expropiación de las casas a los vecinos.