Corrupciones y campañas

En el improbable caso de que alguien de buena fe hubiese creído que la operación de la Guardia Civil contra Convergència, el pasado viernes, obedecía a una motivación y a una ejecución estrictamente judiciales, sin carga política alguna, las declaraciones hechas por el ministro del Interior al día siguiente, desde París, habrían sacado a ese cándido de su ingenuidad. Porque el señor Fernández Díaz no se limitó a la lógica defensa de la actuación de sus beneméritos subordinados, sino que además dijo esto: “Me parece triste, lamentable y bochornoso que, después de lo de ayer, se hiciera una fiesta de la candidatura Junts pel Sí, que debería ser la candidatura del Junts pel Sí al 3%”.

O sea, que hay unos registros policiales por orden de un juez, en relación a una causa concreta que se está investigando, y el ministro viene a sostener que, como consecuencia de ellos, los candidatos de Junts pel Sí deberían haber suspendido su mitin, cancelado su campaña y, con las cabezas cubiertas de ceniza, acudido de rodillas a la Delegación del Gobierno central, para abjurar solemnemente ante doña María de los Llanos de Luna de la independencia, de sus pompas y sus obras...

¿Es esta la actitud de neutralidad y respeto a las actuaciones judiciales que cabe esperar del titular de Interior en un Estado democrático y con separación de poderes? La presunción de inocencia que el ministro y sus correligionarios tanto invocan cuando les conviene, ¿está en suspenso si los investigados son unos pérfidos secesionistas?

No hay nada como controlar los aparatos del Estado para que ciertas esperanzas se cumplan puntualmente.

Es de esperar que, antes de lanzar tan graves imputaciones, Jorge Fernández Díaz haya examinado a fondo su larga trayectoria (desde 1983) como alto dirigente barcelonés de Alianza Popular y, luego, del Partido Popular. Una trayectoria a menudo en estrecha relación con esa Convergència Democràtica a la que ahora demoniza; y una relación acerca de la cual sus enemigos internos de entonces (los vidalquadristas, sobre todo) habían proyectado toda clase de sospechas e insinuaciones. Sin duda falsas.

En cualquier caso, y despersonalizando la cuestión, vale la pena recuperar un pequeño titular del periódico Economía Digital del 15 de julio: “El PP confía también que surjan nuevos casos de corrupción relativos a CDC antes de las elecciones”. No hay nada como controlar los aparatos del Estado para que ciertas esperanzas se cumplan puntualmente.

Dicho todo esto, vayamos al fondo del asunto: la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Por descontado, los sumarios en marcha deben seguir su curso, desembocar en los correspondientes juicios y culminar con las pertinentes sentencias. Y, si estas son condenatorias, los dirigentes del partido deberán asumir las responsabilidades penales y/o políticas a que haya lugar.

¿La Gürtel, u Operación Púnica, o caso Bárcenas, han invalidado al PP para seguir defendiendo con el fervor de siempre la unidad de la patria?

El grave error de percepción de muchos actores y observadores políticos consiste en creer que la descalificación ética y moral de Convergència o de sus líderes deslegitima y liquida el proceso independentista. Es una vieja idea que hunde sus raíces en el caso Banca Catalana, que reverdeció con el caso Palau, se expandió con el caso Pujol y ahora trata de culminar con el caso Teyco.

Digo que es un error, en primer lugar, porque parte de la equivocada idea de que la aspiración a la independencia es un invento de Artur Mas y de los talibanes convergentes, de manera que “muerto el perro, se acabó la rabia”. Pero, sobre todo, yerra porque proyecta una mirada tuerta sobre la historia política española de los últimos decenios.

¿Por ventura los sumarios conocidos como Gürtel, u Operación Púnica, o caso Bárcenas, han invalidado al PP para seguir defendiendo con el fervor de siempre la unidad de la patria, la inconsútil soberanía nacional, etcétera? Hace algún tiempo —seguro que lo recuerdan— también la policía hizo una entrada y registro en la sede de Génova 13, pero ello no impidió a todos los jerarcas que tienen allí despacho mantener incólume su discurso habitual. En cuanto al PSOE, ¿acaso el asunto Filesa, o la apoteosis de escándalos económicos y morales del periodo 1993-96, privaron al partido de seguir hablando en nombre de los intereses de España? Está claro que no, cuando ni siquiera han infundido mesura a Felipe González a la hora de sermonear a los catalanes.

Curioso: para defender la soberanía de España no importa llevar la túnica llena de barro; para propugnar la de Cataluña, hay que ser una virgen vestal.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.