El juez halla pruebas del pago de comisiones del 3% a Convergència

Un folio manuscrito que el empresario Jordi Sumarroca —hijo de uno de los fundadores de Convergència— guardaba en su caja fuerte ha puesto contra las cuerdas a Artur Mas a un mes de las elecciones. El documento es un indicio claro, según la Fiscalía Anticorrupción, de que Teyco, la empresa de Sumarroca, pagó comisiones ilegales del 3% a cambio de adjudicaciones millonarias de Ayuntamientos catalanes controlados por CiU. Por orden judicial, la Guardia Civil ha registrado este viernes cuatro Consistorios, la sede de Convergència y la de CatDem, su fundación.

Anticorrupción cree que, gracias a ese y a otros papeles hallados en las cajas fuertes de la constructora Teyco y de la vivienda de Sumarroca, está más cerca que nunca de probar aquello que el expresidente socialista de la Generalitat Pasqual Maragall denunció públicamente hace ahora 10 años: “Ustedes tienen un problema que se llama 3%”, dijo en el Parlament a Mas, en alusión a las supuestas mordidas por obra pública que cobraban los sucesivos Gobiernos de Jordi Pujol a empresarios.

En los papeles de Sumarroca aparecen anotados, de un lado, una serie de contratos públicos con sus importes; del otro, cifras que, según fuentes de la investigación, coinciden exactamente con el 3% del importe de adjudicación de esa obra o servicio. La mayoría de los pagos son de 2009, aunque también los hay de años posteriores. En algunos casos, a renglón seguido aparecen cantidades pagadas a la Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem); la última, de 50.000 euros, en marzo de 2014.

La fiscalía interpreta que esos manuscritos son un indicio sólido del pago de comisiones por parte de Teyco, usando como puente, a veces, a CatDem. La empresa de Sumarroca, sin embargo, ha negado “tajantemente” haber pagado “ningún tipo de comisión a cambio de un trato de favor en la concesión de contratos” públicos. Teyco ha afirmado, además, que las aportaciones a CatDem —150.000 euros solo entre 2007 y 2009, según ha detallado el coordinador general de CDC, Josep Rull— se realizaron “de forma legal y transparente” y motivadas por “la sensibilidad de la empresa hacia los proyectos que impulsaba”.

Esos documentos, en cualquier caso, son el punto de partida del operativo sin precedentes ordenado por un juzgado de El Vendrell (Tarragona). La causa, abierta hace dos años, se limitaba inicialmente a la localidad de Torredembarra: Sumarroca abonó 1,43 millones al exalcalde Daniel Masagué (CiU); unos pagos que los investigadores relacionan con la construcción de un aparcamiento adjudicada a Teyco. Ambos están imputados por ello, pero la investigación ha alcanzado una nueva dimensión.

Los registros han comenzado, de forma simultánea, a las 9.00. Los agentes de la Guardia Civil —llegados de Tarragona y Madrid— han irrumpido en la sede de CatDem, en Barcelona, en busca de documentos que acaben de dar sentido a los papeles de Sumarroca. A la una de la tarde, los trabajadores de la fundación han explicado a los fiscales del caso, Fernando Bermejo y José Grinda, que el tesorero de la fundación, Andreu Viloca, también lo es de Convergència, y que, de hecho, su despacho está en la sede del partido. Ello ha motivado que, por primera vez, un cuerpo policial entrara en el sanctasanctórum de CDC.

La sede del partido de Mas, ahora a la venta, figuró varios años como garantía ante la fianza impuesta por el juez del caso Palau. Convergència se embolsó, presuntamente —el caso aún debe juzgarse—, 6,6 millones en comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de adjudicarle obra pública, como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro. Esas comisiones —el porcentaje fue en ese caso algo superior, del 4%— se vehiculaban a través del Palau de la Música y, en ocasiones, de la Fundación Trias Fargas, nombre que fue sustituido por el de CatDem tras el escándalo.

El triángulo de las comisiones (empresa-partido-fundación) del caso Palau parece reproducirse ahora en la Operación Petrum II. Según fuentes del caso, el partido usó CatDem para canalizar parte de los fondos ilícitos de Teyco. Por repetirse, se repiten hasta los nombres: Daniel Osácar, extesorero del partido —ahora, jubilado, se dedica a llamar por teléfono para reclamar las cuotas impagadas de los afiliados—, afronta siete años y medio de cárcel en el caso Palau por ser el correo de las comisiones de Ferrovial. Este viernes, la Guardia Civil registró su piso, situado a solo tres minutos a pie de la vivienda del expresidente catalán Jordi Pujol.

El operativo se ha completado con un registro quirúrgico en cuatro Ayuntamientos catalanes, todos ellos controlados por CiU en la época de la que datan las adjudicaciones bajo sospecha: Sant Cugat, Sant Celoni (en Barcelona) y Figueres y Lloret de Mar (en Girona). La Guardia Civil se ha llevado documentación de tan solo un expediente de cada uno de los Consistorios. Las contrataciones públicas de obras y servicios suman (incluyendo el aparcamiento de Torredembarra) 12,4 millones.

Los agentes buscaban papeles y soportes informáticos, pero no personas: no ha habido detenidos. El siguiente paso será cotejar los expedientes con los datos aparecidos sorpresivamente, hace un mes, en la caja fuerte de Sumarroca para probar la financiación irregular de Convergència.