La Junta destituirá a la directora de Minas de Andalucía

A la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, apenas le quedan unas horas para mantener el cargo después de que el PSOE haya anunciado este lunes que cesará tras ser imputada el pasado viernes por presunta prevaricación en la adjudicación para la explotación de las Minas de Aznalcóllar (Sevilla). El portavoz del PSOE en Andalucía, Mario Jiménez, ha confirmado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha establecido que no haya altos cargos imputados y que este caso “no va a ser una excepción”.

Con la destitución de Asensio se hace visible la voluntad de mantener sin imputados la primera línea de gestión política en la Junta de Andalucía, una medida que, según la oposición del Parlamento andaluz, se ejecuta con lentitud porque se solicitó el pasado viernes, cuando Asensio y seis personas más vinculadas a la adjudicación fueron imputadas por prevaricación en la concesión a Minorbis-Grupo México de la explotación de la mina sevillana. “Nadie tiene que recordarle ni a Susana Díaz ni al PSOE cuál debe ser el posicionamiento en esta materia”, ha afirmado Jiménez ante la petición de cese de PP, Podemos, IU y Ciudadanos.

“No sé a qué se debe esa tardanza en tomar responsabilidades políticas a través del cese fulminante de las personas imputadas en este caso. Queda mucho por hablar y por decir de la adjudicación minera”, ha dicho el portavoz del PP en el Parlamento, Carlos Rojas, quien ha avanzado que su partido reclamará de forma insistente que se explique “con transparencia” lo ocurrido en la adjudicación.

El PSOE ha rechazado que en la investigación de la juez de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, se vislumbre un ápice de corrupción durante la adjudicación. “Esto es claramente una guerra entre dos empresas que afecta a funcionarios honrados”, ha defendido Jiménez.

Todo lo contrario opina la empresa Emérita, que motivó el caso, que defiende que el auto es solo un primer paso y ha confirmado que ampliará la denuncia por el proceso de concesión. Esta semana presentará la petición con la solicitud de nuevas pruebas y de la suspensión judicial de la autorización administrativa, según ha detallado el abogado de los denunciantes Ramón Escudero.

Ampliación de la denuncia

El letrado ha afirmado que la apertura de un expediente de paralización por parte de la Junta no ha supuesto el final efectivo de la adjudicación, por lo que reclaman que esta se acuerde judicialmente. Del mismo modo, consideró que quedan autos por venir porque todavía no se ha entrado a analizar la situación de Magtel, el grupo cordobés que está detrás de Minorbis-Grupo México, ni en la actuación de empresas privadas que dispusieron de información de las ofertas antes de la resolución.

Los representantes legales de Emérita consideran que aún no se ha aportado un documento de solvencia del grupo adjudicatario y que los informes en los que se ampararon los actuales imputados fueron desmentidos por la supuesta responsable de los mismos, por lo que esta entidad pretende que la juez considere, además de la prevaricación que imputa en su auto de 31 de julio, un posible delito de falsedad. También reclamará la empresa que se compruebe que aún están depositados los 93 millones que certificó una entidad bancaria o si han sido “movilizados”.

La juez ha imputado a Asensio, a un interventor de este departamento, a una letrada de la Administración autonómica y a cuatro miembros de las comisiones técnicas y de contratación. El auto forma parte de la investigación judicial por posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal en la concesión. El Gobierno andaluz, del PSOE, reduce las imputaciones a “tres dudas administrativas” y dos aspectos técnicos. También afirma que la acción judicial se centra en el proceso administrativo y descarta la corrupción.

Por otro lado, este lunes, a las 20.00, el sindicato Comisiones Obreras, ha convocado una manisfestación en la localidad para reclamar la apertura de la mina, que permanece cerrada de forma cautelar con un expediente de paralización abierto por la Junta pendiente de resolución. Bajo el lema "Por la reapertura de la mina ¡ya!, los trabajadores partirán desde la puerta de la mina y culminarán en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento de la localidad. “Las administraciones tendrían que tener sentido común y facilitar el crecimiento económico, la puesta en marcha de estos proyectos cruciales y la generación de empleo estable y de calidad con las máximas garantías y transparencia”, ha avanzado el secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca.

El alcalde Juan José Fernández Garrido ha declarado que se sumará a la protesta para defender los intereses de sus vecinos. "No queremos que esta situación se dilate más y los accionistas decidan irse. Hay responsabilidades que cumplir y estamos a tiempo. Son muchos los trabajadores que necesitan el trabajo", ha declarado Fernández, que anima a los compañeros de las alcaldías vecinas a unirse a la protesta por el bien de la comarca.