El Área Metropolitana revisa la privatización del agua

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) “auditará para revisar el proceso de privatización de la gestión del agua” de boca en 23 de sus 36 municipios. Es uno de los acuerdos de gobierno que Barcelona en comú, el partido que lidera Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del organismo, ha impuesto para aprobar el cartapacio aprobado con PSC y ERC. El cartapacio será aprobado mañana jueves en el primer plenario del área. De los 90 consejeros, Barcelona en Comú tiene 7 (integrados en los 18 de Entesa, que incluye ICV). El partido de Colau también impulsará una Agencia de la Transparencia en el organismo y sus consejeros renunciarán a dietas.

El proceso que el AMB se dispone a revisar es el que en 2013 supuso crear una sociedad en la que Agbar participa con un 85% y el Área Metropolitana con un 15%. Con la creación del consorcio, el Área Metropolitana de Barcelona se convirtió el primer territorio de Cataluña donde todas las actividades vinculadas con la gestión del agua quedaban en manos del capital privado. Con la sociedad, Agbar se quedaba incluso el canon del agua de los 36 municipios integrados en el organismo supramunicipal.

Un proceso que se hizo sin concurso, lo que dio lugar a varios pleitos por parte de otros operadores que denunciaron que se adjudicara a dedo a Agbar. Además, un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) arrojaba dudas sobre el proceso. “Se trata de auditar y ver cómo se hizo el contrato de la sociedad, y si se garantizó el derecho público”, defiende ahora quien será nombrada vicepresidenta y responsable del Área de Medio Ambiente de la AMB, Janet Sanz.

La OAC, que recibió una denuncia de la plataforma Aigua es Vida para que investigara el contrato, decidió en marzo pasado archivarla aduciendo a sus “limitaciones” para ahondar en el caso. Pero el informe final apuntó “deficiencias significativas” y destacó que “no se justifica suficientemente” el hecho de que AMB decidiera unirse a Agbar sin dar la posibilidad a otras empresas de que pudieran participar en la sociedad mixta a través de un contrato.

El acuerdo alcanzado sobre la revisión del contrato en el AMB pretende, explica un comunicado de BComú, “trabajar para garantizar que el interés público esté por delante del interés particular, entendiendo el acceso al agua de adecuada calidad como un derecho humano, libre de barreras económicas”.