Colau obligará a cumplir los convenios sectoriales en los concursos públicos

Los concursos públicos de Barcelona cambiarán. El equipo de Ada Colau ya ha descubierto que uno de los compromisos que será difícil desempeñar en su totalidad es el de revertir “la deriva privatizadora” de servicios públicos que impulsaron los anteriores gobiernos. “Hemos frenado el concurso de la gestión externa de las dos nuevas guarderías [impulsados por Xavier Trias], que pasarán a gestionarse con personal del Ayuntamiento”, anunció el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, quien matizó que no será fácil hacer lo mismo “en todos los casos”. El consistorio, además, incluirá una cláusula en los contratos públicos que obligue a las adjudicatarias a cumplir los convenios sectoriales.

“Hay que aumentar la plantilla municipal, pero la ley de estabilidad lo impide”, reconoció Pisarello. Su objetivo es “buscar las brechas” que pueda tener el texto aprobado en 2012 por PP, CiU y UPyD. El Ayuntamiento tiene una plantilla de 12.326 trabajadores y, hasta que no cambie la ley, esta cifra no crecerá.

Es por ello que el nuevo equipo quiere que las empresas que exploten los servicios públicos cumplan en su totalidad los derechos de sus trabajadores. Para lograrlo, estudian incluir en los concursos públicos una cláusula que obligue a respetar el convenio laboral de cada sector. La reforma laboral del PP dejó la puerta abierta a que las empresas apliquen sus propios convenios, que suelen ser menos garantistas. La inclusión de esta cláusula puede beneficiar a varios miles de trabajadores.

Este cambio es una vieja petición de entidades con gran representación, como sindicatos, la Patronal de Tercer Sector o la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, al entender que la administración “es responsable de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados”, destaca Laia Grabulosa, de la Patronal del Tercer Sector Social.

Pisarello reconoció que con este cambio es posible que algunos servicios se encarezcan para el Ayuntamiento, pero lo ve como un principio irrenunciable. “Es fundamental que los trabajadores no estén en precario. Hay personas con empleos muy exigentes y unas condiciones laborales muy inferiores a lo que fijan los convenios”, criticó.

Los sindicatos consultados denuncian que, a menudo, las empresas subcontratadas no cumplen las medidas de seguridad y emplean a trabajadores sin la formación necesaria. “Hemos visto a trabajadores podando árboles sin casco ni arnés”, denuncia Susana Rofín, delegada de CGT en Parcs i Jardins. El presidente del Comité de Empresa del Parque Zoológico de Barcelona, Jesús Cabana, alerta del “riesgo" que supone las subcontrataciones con trabajadores sin “ninguna formación sobre animales”. Estas personas pueden llegar a cobrar apenas entre cuatro y ocho euros la hora.

“El problema es que las empresas bajan los precios para ganar los concursos y lo acaban pagando los trabajadores”, explica Salvador Candela, de CC OO. Candela lleva tiempo investigando las subcontrataciones y censura que haya “trabajadores que hacen lo mismo con condiciones laborales muy distintas”.

Otro punto importante es la calidad de los servicios. “Cada vez que se crea un parque tenemos que ir luego nosotros a arreglar defectos, como los sistemas de riego”, añade Rofín. El Tercer Sector culpa de ello a las adjudicaciones hechas solo por criterios económicos. “En algunos pliegues, el 100% de los criterios son económicos”, denuncia Grabulosa. Diez días antes de las elecciones, Trias aprobó una instrucción interna que reduce hasta un máximo del 40% la parte económica en la valoración de los servicios que trabajan con personas, de manera que, cuando se renueven contratos, pesará más la calidad del trabajo.

La Generalitat aprobó en 2012 un código de buenas prácticas que obliga a las subcontratas a respetar los convenios sectoriales. Por ahora, solo se aplica en sectores como limpieza y seguridad, pero la Generalitat trabaja para aumentar el foco. “Es una decisión innovadora y una apuesta para garantizar retribuciones laborales básicas”, explica Dolors Jové, responsable jurídica del Área de Contratación Pública de la Generalitat.