La policía finaliza la investigación de los cursos en Sevilla con 53 imputados

Hay 29 empresas sevillanas implicadas y se ha tomado declaración a más de 800 personas

El País

Sevilla - 02 jul 2015 - 18:40Actualizado: 02 jul 2015 - 18:44CEST

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53 imputados, 29 empresas y 800 declaraciones. El Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ha remitido este jueves a la Fiscalía el atestado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha elaborado sobre el presunto fraude en los cursos de formación en la provincia. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la policía apunta a 29 empresas y 53 imputados. Se trata de la última fase de la Operación Edu, en la que fueron detenidas 46 personas en Sevilla, a las que se suman otras siete que habían sido imputadas anteriormente por hechos similares. Esta investigación es independiente de la que instruía la juez Mercedes Alaya.

Tras iniciarse la causa en este juzgado hace ahora un año, el instructor Juan Gutiérrez Casilla solicitó a la policía una ampliación del atestado elaborado inicialmente, que cifró el fraude en 3,7 millones de euros, para aportar un número mayor de pruebas y declaraciones acerca de los hechos denunciados. Ahora, según indica esta ampliación del atestado, son 29 las empresas sevillanas que están siendo investigadas, de muy variados sectores y dimensiones, y 53 los imputados en este proceso por presuntos delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, delitos específicos dentro del presunto fraude de subvenciones. En el caso de Sevilla, la policía ha tomado declaración a más de 800 personas.

El atestado ampliado consta de 51 tomos con cerca de 13.000 folios, a los que se han adjuntado en su envío a la Fiscalía otra documentación, esta con un volumen aproximado de 150 tomos. En esta causa, en la que por el momento solo esta personada la Junta de Andalucía como acusación, se va a tratar de depurar si existe responsabilidad penal o bien administrativa o fiscal y los presuntos responsables de estos delitos.

Las irregularidades descritas indican "múltiples y diversos usos fraudulentos" de fondos de la Junta de Andalucía, partidas cuyo uso normativo "era para ser destinados a la formación y la consecución de empleo" por parte de trabajadores en paro.

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