Renunciar a Pakistán para comer en Euskadi

El Gobierno vasco no ve más posibilidades. O se divorcian de sus maridos, en prisión desde el pasado mayo, acusados de cobrar fraudulentamente 375.000 euros del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, o no van a recibir ni un euro en ayudas sociales. El problema es que las seis mujeres que han denunciado esta situación son de Pakistán, y allí el divorcio significa marginación, malos tratos y en ocasiones hasta la muerte. Es decir, o renuncian a volver algún día a su país, o renuncian a comer en Euskadi. Así lo ha denunciado la presidenta de la asociación Mujeres Libres por la Igualdad de Derechos, Kalsoom Safi, quien revela que una trabajadora social del Ayuntamiento de Vitoria le confirmó que si estas mujeres desean recibir la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda, suspendidas desde el arresto de sus maridos, deberán divorciarse de ellos, algo que tacha de “terrorífico” porque el divorcio en Pakistán es “peor que la muerte”.

Desde que los seis hombres fueron detenidos el 15 de mayo (cuatro en Vitoria y dos en Ordizia) las mujeres se han quedado en una situación de indefensión total, por lo que advierte de que si Lanbide no les concede la prestación, ellas y sus hijos “se quedarán en la calle” a lo largo del mes de junio. Tras recalcar que la comunidad paquistaní “detesta” el fraude, Safi incide en que las instituciones no pueden pedir a estas mujeres que se divorcien, ya que en tal caso nunca podrían regresar a Pakistán, donde serían repudiadas por sus familias y las de su marido. Por su parte, desde la Consejería de Empleo reiteran que para cobrar de nuevo la RGI, las mujeres deben hacer un “mero trámite administrativo”, en relación al divorcio, si bien admiten que lo tienen “realmente mal”, dadas las circunstancias culturales de su país donde la separación está muy mal vista. No obstante, consideran que son “circunstancias personales” que no son tenidas en cuenta por Lanbide. “Por desgracia, la única posibilidad que tienen es la de desvincularse de la persona que está en la cárcel y esto es igual para pakistanís o españoles”, sentencian. "Esto no es una normativa contra nadie, sino para todos", insisten en Lanbide, tras dejar claro que se aplica a los perceptores de ayudas sociales todas las nacionalidades incluidos los españoles.

Este requisito ha sido confirmado por fuentes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que han reconocido que tanto en Lanbide, como en los Servicios Sociales se ha podido “sugerir” a estas mujeres que se desvinculen de sus parejas como “única posibilidad” para continuar percibiendo la RGI. Así, han añadido que si no se hiciese efectivo el divorcio y únicamente se cambiara la titularidad de la unidad de convivencia para que la asumiera la mujer, “la persona encarcelada seguiría formando parte de la misma unidad, beneficiándose del dinero y, por tanto, ésta quedaría excluida de la prestación”. “Una de las condiciones para acceder a la RGI es no estar en una situación carcelaria”, señalan. Fuentes sindicales precisan que el artículo 43.1.c. del Decreto 147/2010, que regula la RGI establece que una de las razones por la que se puede suspender la prestación es “en el caso de unidades de convivencia de una sola persona, el ingreso en centros de carácter penitenciario por un periodo de tiempo igual o superior a un mes siempre que quede cubierta la manutención en el centro”. Empleo y Asuntos Sociales admite que pudiera no estar precisado en la normativa

No vale con

Esto, por tanto, no sería aplicable al caso de las mencionadas mujeres, debido a que se trata de unidades de convivencia de varias personas, formadas por el matrimonio y los hijos. Por su parte, un documento interno que Lanbide repartió en diciembre de 2014 entre sus funcionarios, titulado Criterios y al que ha tenido acceso EL PAÍS, va más allá y sí que hace referencia a aquellas unidades convivenciales que no sean unipersonales. Concretamente, apunta que en este caso, cuando una persona perceptora de la RGI ingresa en prisión por un periodo superior a un mes “se podrá valorar un cambio de titular siempre que otro miembro de la unidad convivencial cumpla los requisitos”. Mientras, el anterior titular quedará excluido de la unidad, aunque podrá reincorporarse una vez recupere la libertad.

Estas mujeres han buscado asesoramiento en el sindicato ESK, donde el economista Iñaki Uribarri les ha confirmado que la Ley “no exige el divorcio” para que puedan recibir de nuevo la RGI, sino que es suficiente con cambiar la titularidad de la unidad de convivencia. Uribarri anuncia que si Lanbide no cambia de postura, tendrá que ser la Justicia la que dé la razón a las mujeres. Además, critica que desde que se ha producido el supuesto fraude, “la actitud del Servicio Vasco de Empleo es de venganza”. Precisamente, Safi denuncia que está habiendo “mucho racismo” con los paquistanís y cita como ejemplo que en los últimos meses se ha suspendido la RGI a 30 familias de esta nacionalidad. Uribarri lo confirma y señala que se les está poniendo las condiciones “más difíciles” para recibir la prestación.El Gobierno descarta absolutamente este extremo y asegura que las mismas exigencias se tiene con  paquistaníes, españoles o de cualquier otro país y endosa la responsabilidad a las autoridades de Pakistán, que complican la entrega de certificados de indentidad y de propiedades.

Uribarri cree que hay una actitud de venganza que el Gobierno descarta

“La razón por la que se les está denegando la RGI es porque les exigen una declaración jurada de que no tienen bienes en Pakistán, una vez que han transcurrido seis meses de la solicitud de la prestación”, explica. Así, revela que en Pakistán no existe el modelo de registro de bienes inmuebles, sino que se trata de otro certificado que Lanbide “no da por bueno al dudar de que sea fiable”. Desde el Gobierno vasco remarcan que para evitar casos de “fraudes clamorosos” se exige un documento que acredite cuál es la situación de ingresos y de bienes de la unidad de convivencia. “Esto se pide a todo el mundo por igual, por lo que es un problema del país y no de Lanbide”, insiste la Consejería que insta a los afectados a que se pongan en contacto con su Embajada para que les suministre la documentación exigida.