De Europa al bolsillo del agricultor

La nueva Política Agraria Común (PAC) salta del papel al campo. A palpar y sentir la realidad del sector. 270.219 agricultores y ganaderos andaluces han presentado la solicitud única para acogerse a las ayudas directas que la normativa europea contempla en el nuevo marco hasta 2020. El plazo finalizó el pasado lunes. En Andalucía, estos fondos ascienden a unos 1.700 millones de euros anuales (que incluyen medidas de mercado) y sitúan a la comunidad autónoma a la cabeza. Las ayudas directas son el primer pilar de los dos en los que descansa la PAC (el segundo son los fondos para el desarrollo rural). En el marco de sus competencias, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se encarga de la gestión, control y pago de estas ayudas. Y, precisamente, este asesoramiento desvela y esconde claves de la reforma de la normativa.

SOLICITUDES

En el primer escalón de este proceso, el Gobierno andaluz va de la mano de organizaciones agrarias, entidades financieras o agrupaciones de productores. Estas 39 entidades son las encargadas de presentar y tramitar las solicitudes de sus asociados o de aquellos agricultores o ganaderos que así les hayan autorizado,y están distribuidas por todo el territorio andaluz, contando con más de 1.000 puestos de atención al agricultor. Al presentar su solicitud, el productor debe acreditar su explotación, tanto su tamaño como su uso. Y ahí está una de las principales novedades. Desde la campaña de 2014, todas las solicitudes se presentan utilizando la delimitación gráfica (parecido a una fotografía aérea) en lugar del anterior sistema tradicional alfanumérico (código). “El nuevo sistema permite delimitar o dibujar gráficamente la explotación sobre la base del sistema de referencia declarativo de las parcelas agrícolas, conocido como SIGPAC”, explica la directora general de Fondos Agrarios, Concha Cobo. “Si no se producen cambios, el agricultor no tiene que definir cada año la explotación como ocurría con el sistema anterior, ya que las aplicaciones informáticas diseñadas traducen la delimitación gráfica en las referencias alfanuméricas del SIGPAC, que es renovado cada año. Además con este sistema se reduce el número de errores en la solicitud, ya que advierte de solapes y duplicidades entre agricultores, así como permite detectar errores de uso en SIGPAC o en la delimitación de la explotación, lo que reducirá el número de incidencias en la tramitación de la solicitud”, explica Cobo.

Con la generalización del sistema, Andalucía se sitúa como pionera en su uso ya que este sistema no será obligatorio hasta 2017. “Este sistema nos permite además poner a disposición del agricultor un borrador de su solicitud. Es como el de la Declaración de la Renta, si ha habido cambios, se modifican. Si no, basta con confirmar los datos”, ejemplifica Cobo.

CONTROLES

Tras la presentación de la documentación y previo al pago de las ayudas, la Administración realiza una serie de controles tanto administrativos como sobre el terreno para comprobar que la información enviada por el agricultor se ajusta con la realidad. No solo se limita a ver si el productor ha declarado las hectáreas que realmente tiene o el uso que les da sino también comprobar aspectos como el régimen de propiedad, ver si ha cumplido con los permisos según el cultivo. Además se realizan controles adicionales sobre el terreno en más de 155.700 hectáreas y en más de mil explotaciones ganaderas.

DERECHOS DE PAGO

Uno de los principales puntos de la reforma de la PAC para las ayudas directas se centra en la gestión de los derechos de pago. Se pasa del antiguo régimen de pago único al de pago básico. En el anterior sistema, la ayuda estaba vinculada al agricultor y a un periodo de referencia. “La cuantía se calculaba atendiendo a lo que el productor recibió en dicho periodo”, explica la directora general. Sin embargo, el régimen de pago básico liga la ayuda a un territorio, limitando su movilidad (a través de cesiones por arrendamiento o compra venta) a dicha zona y su valor al valor medio de dicha región.

Para el acceso a los derechos de pago básico es necesario cumplir con unos requisitos basados en haber presentado la solicitud única en 2013 y haber percibido ayudas en 2014. No obstante, también hay posibilidad de acceder a los derechos a través de la reserva nacional. Esta se crea con el fin de conceder derechos de pago a los jóvenes agricultores, a productores que comienzan la actividad agraria o a agricultores con sentencias que reconocen estos derechos. Se prevé que este año se destine un 3% del presupuesto de las ayudas directas para la reserva. En Andalucía, en la campaña 2014, se asignaron derechos de la reserva por valor de 300.000 euros.

Si el antiguo régimen suponía el 91% de los pagos de ayudas directas, el nuevo sistema supone el 56%. Una cifra que va complementándose con el pago verde (greening) y el complemento a jóvenes agricultores. El pago verde supone otro 30% y va dirigido a aquellos agricultores que respetan unos criterios agroambientales: la diversificación de cultivos, dejar un área de interés ecológica y el mantenimiento de pastos. Con este pago más el básico, el porcentaje se sitúa en el 86%. Por último, para los jóvenes agricultores, se contempla otro 2%. Este apartado va dirigido a los productores menores de 40 años y con menos de cinco años en la actividad.

Además de estas ayudas desacopladas de la producción (que suponen el 88% del presupuesto), existen otras asociadas. Estos fondos buscan garantizar que sectores que están pasando dificultades se mantengan, pero nunca deben suponer incentivos a su producción.