El Gobierno recurre las “estructuras de Estado” de Cataluña
La medida deja en el aire la Administración tributaria de Cataluña y otros proyectos de Mas
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de medidas fiscales y financieras, aprobada por el Parlament el pasado 11 de marzo y que prevé la creación de las llamadas "estructuras de Estado" con las que la Generalitat quiere preparar una eventual independencia de Cataluña.
El Ejecutivo impugna dos artículos de la ley -los números 69 y 95- así como diversas disposiciones adicionales, y acuerda solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión automática de su vigencia.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado en rueda de prensa que el Gobierno ve inconstitucional partes de esta ley en las que se que sientan "las bases" para ir "trabajando en estructuras de Estado" cuya finalidad sería la separación de Cataluña del resto de España. La inclusión de las llamadas estructuras de Estado fue una condición que Esquerra Republicana fijó para votar favorablemente a las cuentas del Gobierno de Convergència i Unió, que carece de mayoría parlamentaria.
El recurso llega apenas 24 horas después de que el Tribunal Constitucional también declarase inconstitucional la preparación de la consulta alternativa de la independencia de Cataluña que la Generalitat impulsó el 9 de noviembre. Con ello el Gobierno pretende dejar claro que será implacable con todos los movimientos que pueda hacer la Generalitat u otras autonomías en el sentido de aprobar medidas u organismos que puedan chocar con la Constitución.
Entre los preceptos que se han recurrido está la creación del plan director que haga posible la “Administración tributaria de Cataluña” llamada a gestionar todos los impuestos catalanes. También se recurre la puesta en marcha de un inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña, que tiene la finalidad de dividir y reasignar el patrimonio de todas las instituciones ante una eventual independencia. El catálogo de infraestructuras energéticas previsto por la Generalitat en la ley de Medidas Fiscales y Financieras también ha sido impugnado, así como la creación de la Agencia Catalana de Protección social.
El Gobierno también aprovecha para recurrir la nueva ordenación de los equipamientos comerciales que la Generalitat había hecho aprovechando la tramitación de los Presupuestos de 2015.
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