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El Defensor del Pueblo catalán critica el recurso de Wert sobre el castellano

La comunidad educativa insiste en el carácter electoralista del recurso del Ministerio

Rafael Ribó, 'síndic de greuges' catalán.
Rafael Ribó, 'síndic de greuges' catalán.

Padres, estudiantes y profesores catalanes acusan al ministro de Educación, José Ignacio Wert, de “desestabilizar el funcionamiento de los centros educativos por la vía judicial” tras recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la resolución que regula la matrícula escolar autonómica para el próximo curso. Educación reclama como medida cautelar un periodo extraordinario de matriculación y que se impartan al menos el 25% de clases en castellano, y acusa a la Generalitat de no garantizar el derecho de las familias a que sus hijos estudien en español. El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, alertó ayer de que alargar la matriculación puede distorsionar un proceso ya muy complejo de por sí y tildó la medida de “mala práctica administrativa”.

Su opinión se suma a la de las federaciones de padres y madres de alumnos, los sindicatos de docentes y las asociaciones de estudiantes, agrupadas en el Marco Unitario de la Comunidad Educativa de Cataluña (MUCE), que lamentan que “una vez más se quiera utilizar la comunidad escolar como campo de batalla en un combate de baja política electoralista, para crear incertidumbre sobre todo a las familias y también a los centros”.

La patronal de escuelas concertadas catalanas cree que la inmersión lingüística sirve para “evitar la segregación escolar y ha sido un factor decisivo de la cohesión social, avalado por las instituciones europeas”. Para Francisco García, secretario de la Federación de Enseñanza de CC OO, la actuación del ministerio responde a una decisión “electoralista” al filo del arranque de la campaña regional y local. “Wert crea un problema donde no lo hay”, considera García.

El recurso del ministerio fue notificado a la Generalitat el martes, y esta dispone de plazo hasta el 13 de mayo para presentar alegaciones. Un día antes, sin embargo, el departamento catalán de Enseñanza hace públicas las listas de admitidos en los centros, lo que da un margen muy estrecho al TSJC. El ministerio aprobó en junio un decreto que permite a las familias pedir ayudas para la escolarización privada en castellano cuando no existe oferta pública suficiente. La Generalitat admite que hay 60 peticiones (de 1,5 millones de alumnos) y el ministerio las eleva a 368 y no las 638 que dio ayer por error un portavoz a este periódico.

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