CORRUPCIÓN SANITARIA

Un edil de CiU era directivo de la firma que vendió prótesis caducadas en Reus

Eduard Chorrecher es concejal de Salud en Les Borges del Camp El juez del ‘caso Innova’ atribuye a Teresa Gomis presiones para favorecer a la compañía

Luis Márquez, el viernes a la salida del juzgado de Reus.
Luis Márquez, el viernes a la salida del juzgado de Reus.JOSEP LLUÍS SELLART

La red de complicidades políticas y sanitarias que investiga el caso Innova se extiende por la provincia de Tarragona. Eduard Correcher, concejal de Salud por CiU en el Ayuntamiento de les Borges del Camp (Baix Camp), era —la sociedad entró en concurso de acreedores hace un año— director financiero de la empresa Traiber, según documentos mercantiles y de la empresa consultados por EL PAÍS. Traiber es la compañía que, según el juez del caso, se vio favorecida por las “presiones” que la primera teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis (también de CiU), realizó entre 2012 y 2013 sobre médicos del hospital Sant Joan de la ciudad para que compraran sus prótesis ortopédicas. Unos productos que acabaron por causar a finales de 2014 una alerta sanitaria ya que eran de “baja calidad”, tenían “fallos en las condiciones higiénicas” y “alteraciones de los precintos de caducidad”, por lo que se vendían “caducadas”, según recogió el juez Diego Álvarez de Juan.

Gomis y el dueño de Traiber, Luis Márquez —empresario que según el juez mantuvo “reuniones al más alto nivel”, con el exconsejero de Empresa, Francesc Xavier Mena, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas— están imputados por delitos societarios, contra la salud pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la Administración.

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La mala calidad de las prótesis no es, sin embargo, el único punto que destacó el auto dictado por el juez tras la operación que la Guardia Civil llevó a cabo el pasado martes y que acabó con nueve detenidos, diez imputados y registros en los Ayuntamientos de Reus, Amposta y Cambrils. El juez también busca aclarar el destino de 2,4 millones de euros que desaparecen al cruzar los datos fiscales del hospital Sant Joan de Reus y de Traiber en 2007. El centro sanitario declaró ese año haber comprado productos a la compañía por 2,97 millones de euros, mientras la empresa solo admite haber facturado al Sant Joan 518.000 euros.

Luis Márquez es, según el registro mercantil, dueño de tres empresas: Traiber y Maxsel United — con actividad en el ámbito sanitario— y Miralva Incorporated, dedicada a “la promoción inmobiliaria”. Correcher, además de constar como director financiero en la primera, figura en el registro como apoderado en las dos últimas. Ayer, sin embargo, el edil negó “haber firmado nunca poderes en estas dos empresas”. Correcher también rebajó su nivel de responsabilidad en Traiber: “Yo soy oficial administrativo. En mi nómina no figuro como directivo. Era el responsable administrativo y llevaba los temas de personal que me pedía el director general [Luis Márquez]“, aseguró. En una decena de consultas mercantiles hechas por este diario y en varias publicaciones del sector sanitario, sin embargo, Correcher consta siempre con el cargo de “director financiero” de Traiber.

Artur Mas califica de “total la desproporción de la actuación policial en Reus y Amposta”
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A 31 de diciembre de 2012, según las últimas cuentas depositadas en el registro mercantil, Traiber tenía 10 trabajadores, unas deudas de 2,8 millones de euros y unas reservas de 1,9 millones. A principios de 2014 la compañía acabó presentando concurso de acreedores.

Mientras crece la presión sobre la federación por su relación con el caso Innova, CiU recrudeció ayer sus críticas a los investigadores del caso. Artur Mas calificó anoche en una entrevista a la xarxa —plataforma multimedia de ámbito municipal— de “total la desproporción de la actuación policial en Reus y Amposta”. Por su parte, el alcalde de Reus, Carles Pellicer, informó que ha hecho llegar una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, donde le pide una reunión para “analizar las formas” del operativo. Pellicer se mostró muy crítico con la “alarma social” causada y el daño hecho “a la imagen del municipio”. CiU considera que el trato prestado a Teresa Gomis, que pasó tres noches en el calabozo, menoscaba su presunción de inocencia.

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