Gomis favoreció a un empresario que vendía prótesis en mal estado

La detención de nueve personas por la Guardia Civil, en el marco de la pieza separada 4 del caso Innova,ha destapado la venta de material defectuoso y caducado al hospital Sant Joan de Reus que acabó provocando una grave alerta sanitaria. En concreto, se trata de prótesis ortopédicas de la empresa Traiber, cuyo propietario, Luis Márquez, fue uno de los nueve detenidos el pasado martes. Según el auto hecho público ayer por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan, Márquez obtuvo un trato de favor de la también detenida Teresa Gomis (CiU), primera teniente de alcalde de Reus, para colocar sus productos en el hospital. Estas revelaciones echan por tierra los intentos de la federación nacionalista y en especial del presidente de la Generalitat, Artur Mas, por vincular las ilegalidades sanitarias investigadas a mandatos anteriores del PSC y el tripartito en Reus.

Márquez, según el auto, también mantuvo “reuniones al más alto nivel”, con el ex consejero de Empresa, Francesc Xavier Mena, y con el mismo Artur Mas. El juez dictó ayer para Márquez libertad condicionada al pago en siete días de una fianza de 20.000 euros por delitos societarios y contra la salud pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la Administración Pública. Teresa Gomis, por su parte, quedó en libertad provisional imputada por estos mismos delitos. El jueves el juez dejó en libertad provisional con cargos a siete de los encausados e imputó a otros dos empresarios del sector sanitario.

Según el auto, Traiber consiguió vender sus productos al hospital Sant Joan sin pasar por ningún concurso público entre 2007 y 2011, negocio que se vio interrumpido tras la llegada de un nuevo jefe de traumatología al centro. El año 2011 coincide con el cambio de Gobierno local en Reus, cuando el socialista Lluís Miquel Pérez perdió las elecciones municipales de ese año y cedió el bastón a Carles Pellicer (CiU). “Durante los ejercicios 2012 y 2013 la facturación (de Traiber) al hospital fue cero”, destaca el auto.

Esto llevó a Márquez a maniobrar para volver a vender sus productos en Reus. Estos movimientos se centraron en los cargos municipales, incluida Teresa Gomis. Según el auto, “todas las personas con las que se reunió en el Ayuntamiento, incluida la señora Gomis” le dijeron que volviera a hablar con el jefe de traumatología. El auto sigue detallando que “las reuniones y presiones dieron resultado porque el propio imputado declaró que ‘a raíz de esto’ logró una reunión con el traumatólogo del hospital”.

El escrito del juez Álvarez de Juan sigue detallando como “el Ayuntamiento propició que se realizara la reunión, por tanto el doctor sabía que el declarante ya había hablado con el Ayuntamiento”. Según la Fiscalía, el acusado “acude a los responsables del Ayuntamiento para que presionen a los médicos del hospital para que contraten sus prótesis”. Estos movimientos tuvieron éxito y Traiber volvió a servir prótesis al hospital en 2014. El resultado de estas maniobras fue desastroso para la salud de los pacientes del hospital Sant Joan. Según el auto, tras una denuncia de la Agencia Española del Medicamento se descubrió que, el material era de “baja calidad, con fallas en las condiciones higiénicas” y presentaban “alteraciones de los precintos de caducidad, de forma que se venden piezas caducadas”.

Quien vende las próstesis en mal estado presiona a la Administración para que se las compre y, lo que es peor, esta administración [el Ayuntamiento de Reus] los asume.

El resultado ello fue que a final de 2014 hubo que llamar a cientos de pacientes a los que habían implantado las prótesis para revisar su estado y, en algunos casos, sustituirlas. No ha trascendido si hubo mayores complicaciones. Según el auto del juez, que cita a la Fiscalía, los hechos “son especialmente graves si conectamos las dos situaciones, de forma que quien vende medicamentos o prótesis médicas en mal estado, al mismo tiempo presiona a la Administración para que se las compre y, lo que es peor, esta Administración [el Ayuntamiento de Reus] asume tal venta”.

Las relaciones fraudulentas entre Traiber y el hospital, sin embargo, van más allá. Según el auto, el Sant Joan declaró a la Agencia Tributaria haber comprado productos a Traiber por 2,97 millones en 2007. La empresa sólo admitió haber vendido material por 518.000 euros. El destino del dinero de este desfase, superior a los 2,4 millones de euros, es el que ahora investiga el juez. “Sorprendentemente”, recoge el auto, “el imputado niega conocer tal circunstancia y niega haber recibido esas cantidades”.

El auto refleja el absoluto descontrol legal y financiero con el que ha venido funcionado el hospital Sant Joan de Reus y el resto de empresas sanitarias del grupo Innova, agrupadas en la filial Sagessa. Según un informe hecho por los nuevos directivos del centro en noviembre de 2014 —Sagessa cambió algunos de sus cargos directivos hace un año—, “de todas las contrataciones del grupo (Sagessa), solo un 10-15% cumple la ley de contratación pública”.

Sagessa, que gestiona los hospitales de Reus, Amposta y Móra d’Ebre y una veintena más de centros sanitarios en el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, maneja al año más de 300 millones de euros, en su práctica totalidad recibidos del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). En esta dinámica de descontrol, Gomis “ha tenido un papel esencial”, esgrime el juez, en su papel de consejera delegada del grupo Sagessa, y antes vocal.

Gomis pernoctó tres noches en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tarragona. El juez le retiró el pasaporte, le prohíbe salir de España, y le obliga a comparecer en el juzgado cada lunes. Las acusaciones suponen una estocada para CiU a menos de un mes para las municipales. No en vano, Artur Mas defiende que su Gobierno está “intentando arreglar” las “chapuzas” que había en Sagessa, que eran “muy grandes”, y provenientes del pasado, según él. “Lo único que ha hecho [Gomis] ha sido poner orden en el desorden”, reiteró ayer Francesc Sánchez, coordinador de régimen interno de Convergència. Por este motivo Mas ha retado a los grupos de la izquierda a un debate sobre Innova en el Parlament.